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Pascual responde al Gobierno central: «En Cantabria se cumple la ley del aborto»

El consejero de Salud critica la advertencia del Gobierno central y defiende que las interrupciones voluntarias del embarazo en Cantabria se realizan mayoritariamente en centros públicos

El consejero César Pascual ha rechazado una carta del Ministerio de Sanidad que advierte a las comunidades
sobre el cumplimiento de la ley del aborto. / Alerta
El consejero César Pascual ha rechazado una carta del Ministerio de Sanidad que advierte a las comunidades sobre el cumplimiento de la ley del aborto. / Alerta

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha expresado su rechazo frontal al contenido de la misiva enviada por el secretario de Estado de Sanidad a las comunidades autónomas. En dicha carta, el Ministerio advierte que adoptará «las medidas oportunas» para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Para el responsable sanitario cántabro, tanto el documento como las declaraciones posteriores de la ministra de Sanidad, Mónica García, constituyen «una falta de respeto insultante» hacia los gobiernos autonómicos.

Pascual ha recordado que la ley se aplica en Cantabria «y se ha cumplido siempre», subrayando que no existe ningún incumplimiento que justifique la advertencia ministerial. En su opinión, la actuación del Gobierno central representa una amenaza innecesaria y cuestiona sin pruebas el trabajo realizado por los sistemas sanitarios regionales. Según ha afirmado, actitudes de este tipo «ponen en riesgo la cohesión y la equidad del sistema sanitario».

El consejero ha calificado tanto la carta como las declaraciones de «improcedentes, inoportunas y fuera de lugar», y ha apuntado que reflejan «una alarmante falta de conocimiento de la realidad del país». En concreto, ha puesto en duda que el Ministerio conozca en profundidad la situación real de la prestación del servicio en cada comunidad autónoma, pese a disponer de los datos oficiales de interrupciones voluntarias del embarazo.

En relación con Cantabria, Pascual ha detallado que los datos ministeriales demuestran una disminución significativa del número de IVEs realizadas en centros concertados: de 386 en 2019 a 62 en 2024. Este descenso, según ha remarcado, evidencia un cambio en la prestación del servicio, que actualmente se realiza mayoritariamente dentro del sistema público.

El titular de Salud ha insistido en que la comunidad autónoma no dispone de centros privados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, por lo que la mayoría de estos procedimientos se llevan a cabo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Aunque existen conciertos con centros ubicados fuera de la región, Pascual ha aclarado que el número de mujeres cántabras que recurren a ellos es «mínimo» y se reduce cada año.

Por todo ello, Pascual ha criticado que la ministra ponga en entredicho el cumplimiento normativo de las comunidades autónomas «con vaguedades» y sin aportar datos concretos. A su juicio, esta forma de proceder no contribuye a la confianza institucional ni al buen funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto. La respuesta de Pascual viene tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien advirtió a las CCAA de que su departamento tomará las «medidas oportunas» para que se cumpla y se garantice la ley del aborto, después de que el Ministerio haya tenido conocimiento de que «muchas mujeres están viendo vulnerado ese derecho».

«Lo que le hemos dicho a las comunidades es que nos faciliten los datos para que realmente nos garanticen que se está cumpliendo la ley. Y en caso de que no sea así, desde el Ministerio de Sanidad tomaremos las medidas oportunas a través de la alta inspección y a través de los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para que se cumpla la ley», ha avisado la ministra en la rueda de prensa que se ha celebrado antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

García ha indicado que el Ministerio ha tenido conocimiento de que actualmente «sigue habiendo muchas mujeres que no tienen protegido garantizado ese derecho», por lo que ha defendido que «se haga efectiva la ley en todos aquellos lugares donde todavía no ha sido así».

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