Pascual rechaza el anteproyecto del Estatuto Marco por falta de fondos

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha manifestado su desacuerdo con el actual desarrollo del anteproyecto de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Durante una reunión convocada por el Ministerio de Sanidad con representantes autonómicos, Pascual cuestionó la viabilidad del texto y solicitó una norma «viable, factible y con presupuesto».

El Gobierno de Cantabria ha informado que Pascual expresó su opinión crítica ante lo que consideró una convocatoria «carente de sentido estratégico», señalando que la misma «responde más a una necesidad mediática que a una voluntad real de diálogo».

Desde su punto de vista, el contenido del anteproyecto excede las competencias puramente sanitarias y requiere un enfoque más amplio, incluyendo la intervención de los Ministerios de Hacienda y de Función Pública, debido a la magnitud de los cambios propuestos y su posible impacto económico.

Según el consejero, el anteproyecto no puede abordarse solo desde una perspectiva sectorial o técnica. «Esto no va de retribuciones, va de sostenibilidad amputada. Este texto puede convertirse en un misil directo al sistema sanitario tal y como lo conocemos», declaró.

Para Pascual, los sucesivos borradores presentados por el Ministerio profundizan en líneas de reforma que carecen de un respaldo económico definido, además de incluir modificaciones que alteran derechos laborales ya consolidados.

Pascual advirtió que muchos de esos derechos laborales son fruto de acuerdos con organizaciones sindicales, y que implementar nuevas obligaciones sin respaldo financiero supondría comprometer la estabilidad del sistema sanitario regional.

«Establecer derechos cuesta dinero y negarlo es un insulto a la realidad», afirmó, añadiendo que la cifra estimada por el Ministerio para costear las medidas propuestas, unos 400 millones de euros, «no se sostiene como cifra objetiva».

Inviabilidad económica. El responsable de la sanidad cántabra expresó que «en su estado actual», el anteproyecto no cuenta con el respaldo del Gobierno regional por dos razones fundamentales: su inviabilidad económica y la insuficiencia de recursos humanos para llevar a cabo los cambios organizativos previstos.

A pesar de su rechazo al contenido actual del texto, Pascual defendió la necesidad de una reforma normativa que mejore las condiciones del personal sanitario. «Cantabria siempre ha apostado y apuesta por un nuevo Estatuto Marco que mejore los derechos de los profesionales, pero que sea viable, factible y con presupuesto», recalcó.

Asimismo, señaló que la región cuenta con unas condiciones laborales entre las más avanzadas del Estado, lo que dificultaría revertir acuerdos sin garantías económicas claras.

El consejero alertó del riesgo de trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de reducir o eliminar derechos laborales bajo el argumento de la modernización del sistema. «Nos piden que seamos las comunidades autónomas quienes eliminemos derechos laborales con el pretexto de la modernización», lamentó, dejando claro que su gobierno «no va a asumir ese coste sin garantías».

En su intervención, Pascual utilizó metáforas críticas para describir el proceso impulsado por el Ministerio: «Estamos construyendo castillos normativos sin saber si hay ladrillos», dijo, subrayando que no existen presupuestos concretos ni una postura definida por parte del Ministerio de Hacienda. En su opinión, «sin financiación real, no tiene sentido esta reunión ni esta propuesta».

Finalmente, el titular de Salud de Cantabria recordó que actualmente existen 1.100 millones de euros bloqueados por parte de la Unión Europea debido a incumplimientos en materia de temporalidad del empleo público. A su juicio, resulta contradictorio que, en este contexto, el Gobierno central impulse una reforma estructural del sistema sanitario «sin respaldo presupuestario ni hoja de ruta definida».