El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto que permitirá a extranjeros en situación ilegal acceder a protección sanitaria “prioritaria” en el sistema público solo con presentar una solicitud de asilo o protección internacional.

La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, establece que estos solicitantes tendrán “acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública”, incluso aunque todavía no se haya resuelto su petición de protección.

En la práctica, esto significa que no será necesario que se les conceda el asilo, sino que bastará con solicitarlo para entrar en el sistema sanitario público con carácter preferente.

El decreto fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros y regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

Acceso a la sanidad incluso sin regularizar su situación

Uno de los aspectos más polémicos del decreto es que garantiza la asistencia sanitaria independientemente de la situación administrativa del extranjero.

Es decir, los inmigrantes no necesitarán haber regularizado su estancia en España.

La norma señala que se garantizará “acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública”, lo que supone una extensión de la sanidad universal para personas que no tienen residencia legal en el país.

Entre los colectivos que recibirán “protección prioritaria” figuran:

• Solicitantes de protección internacional

• Solicitantes de protección temporal

• Menores de edad

• Mujeres embarazadas

• Víctimas de violencia de género o trata

• Personas en situación de vulnerabilidad

En el caso de los solicitantes de asilo, no será necesario demostrar que cumplen los requisitos para obtenerlo.
La prioridad sanitaria se activará simplemente con haber presentado la solicitud.

Una simple “declaración responsable” bastará para acceder

Para poder acceder al sistema sanitario público no será necesario presentar una documentación compleja.

Según el decreto, bastará con firmar una “declaración responsable” en la que el solicitante indique que:

• No tiene cobertura sanitaria por otra vía

• No puede exportar ese derecho desde otro país

• No existe un tercero obligado a pagar su asistencia

Este procedimiento busca agilizar el acceso al sistema sanitario, aunque también ha despertado críticas por el riesgo de falta de control sobre los beneficiarios.

El Gobierno quiere obligar a las comunidades a aplicar la sanidad universal

El nuevo decreto también tiene un objetivo político claro: forzar a todas las comunidades autónomas a aplicar la sanidad universal.

Cuando el Gobierno socialista aprobó su primer decreto sobre esta materia en 2018, algunas autonomías se opusieron alegando que podría favorecer el llamado “turismo sanitario”.

Con la nueva norma, el Ejecutivo pretende homogeneizar el acceso al sistema sanitario en todo el territorio nacional.

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que el decreto permitirá evitar que algunas comunidades “se escaqueen” de aplicar la sanidad universal.

Esto significa que todas las autonomías estarán obligadas a reconocer este derecho, incluso si políticamente se oponen a la medida.

El argumento del Gobierno: garantizar el derecho a la salud

Desde el Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo defiende que la medida busca garantizar el derecho a la salud de las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal.

El objetivo, según explican fuentes del ministerio, es crear un procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional.

La norma pretende evitar diferencias entre comunidades autónomas y asegurar que cualquier persona en situación irregular pueda acceder a la atención sanitaria básica.

El debate político vuelve sobre la mesa

La decisión del Gobierno reabre uno de los debates más sensibles de la política española: el acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos.

Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una cuestión de derechos humanos y salud pública, sectores de la oposición consideran que la medida puede generar un efecto llamada o incentivar el turismo sanitario.

La cuestión promete convertirse en uno de los focos de confrontación política en los próximos meses, especialmente en el debate sobre inmigración, gasto público y sostenibilidad del sistema sanitario.