El Partido Popular ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento de Cantabria para conocer el grado de desarrollo de los trabajos necesarios para deslindar de forma definitiva el monte de utilidad pública número 323 Regolfo y Alsar, propiedad de la Junta Vecinal de Solórzano, tras la sentencia condenatoria y firme del Tribunal Supremo que anulaba ese acuerdo del Gobierno regional de 2009.

El diputado Roberto Media ha recordado en nota de prensa que el deslinde fue recurrido por el Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Solórzano y que el 10 de mayo de 2017 el Tribunal Supremo dictó sentencia confirmando su anulación y desestimando el recurso que el Gobierno de Cantabria había presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del 27 de abril de 2015, que anulaba la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural que aprobó dicho deslinde en 2009.

Sin embargo, según ha denunciado Media, desde que el Supremo dictó sentencia, la Consejería de Desarrollo Rural «no ha hecho público ningún trabajo para dar cumplimiento a la sentencia, manteniendo la incertidumbre y en muchos casos la paralización de todo tipo de actuaciones y actividad en los vecinos propietarios de los terrenos afectados», en los que, según ha dicho, pueden contabilizarse más de cien edificaciones».

Media ha detallado que la sentencia del Supremo incide, como ya había determinado el TSJC, en la «falta de justificación» del trazado resultante, de la división del monte en dos parcelas excluyendo terrenos que formaban parte de la parcela única originaria y de la diferencia de superficie que consta en el Registro y en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. «Se confirmó que las peticiones del Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Solórzano eran justificadas y debieron tenerse en cuenta a la hora de delimitar el Monte Público y el Gobierno de Cantabria debe dar marcha atrás y no seguir perjudicando a unos vecinos afectados por esta situación desde hace ya 12 años», ha dicho Media. sesión plenaria.

Por ello, en una sesión plenaria del Parlamento de noviembre, Media preguntará al consejero si el Gobierno de Cantabria tiene previsto proceder a deslindar el Monte Regolfo y Alsar de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia y, si es así, cuándo tiene previsto hacerlo y qué plazos maneja. Igualmente, quiere conocer si el Ayuntamiento o la Junta Vecinal de Solórzano han realizado alguna petición por escrito al Gobierno de Cantabria desde mayo de 2017 hasta la fecha para que se proceda a deslindar el Monte Regolfo y Alsar de acuerdo a la sentencia. «Los vecinos siguen desde el año 2009 afectados por un deslinde que los tribunales decretaron como ilegal y que, a día de hoy, tiñe de una total inseguridad jurídica el futuro de muchas parcelas, cuadras e incluso viviendas.

Van pasando los años y es hora de trabajar y dar una solución a un problema que generó el propio Gobierno con una decisión injusta, pero que sólo perjudica a unos vecinos que no tienen ninguna culpa. ¿Cuántos años necesita el Gobierno para resolver una situación como ésta?», ha dicho Media.

Por su lado, el portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Solórzano, Santiago Campos, que era el presidente de la Junta Vecinal de Solórzano cuando se presentaron los recursos contra el acuerdo del Gobierno que deslindaba el monte, y que con los años fue declarado ilegal, ha remarcado que «no es de recibo que vayan pasando los años y la situación creada exclusivamente por una decisión ilegal del Gobierno de Cantabria, siga sin resolverse». utilidad pública. «Hay cientos de parcelas que todo el mundo sabe que no pertenecen al monte de utilidad pública, pero que siguen en un limbo legal que les perjudica gravemente.

El Gobierno metió dentro del deslinde 600 hectáreas, cuando, en realidad, la documentación obrante en las administraciones dice que debe tener 300. Entre esas hectáreas se incluyeron viviendas, estabulaciones, muchos terrenos de pradería y monte, etc.

En definitiva, un absoluto despropósito que perjudica gravemente a una importantísima cantidad de vecinos de Solórzano», ha dicho. Media y Campos han afirmado que el PP va a exigir que se trabaje de forma «urgente y definitiva» para solucionar este problema. «Quien creó un problema tan grave hace ya 12 años no puede seguir sin resolverlo. Hay que poner todos los medios al alcance de la administración para que de forma urgente esos vecinos puedan tener la certeza de lo que es suyo y cuáles son aquellas propiedades que realmente pertenecen al monte. El alcanzar esa resolución es una obligación del Gobierno que debe conseguirse en un plazo muy corto de tiempo», ha concluido Media.