En un movimiento decisivo, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha interpuesto un recurso de reposición contra las licencias de obra concedidas para el desarrollo del polígono industrial P.E. El Escudo, calificándolas de «nulas». La acción directa apunta a altos cargos, incluyendo a la presidenta del gobierno regional y los alcaldes de Molledo, Luena y Campoo de Yuso, advirtiendo que se presentarán querellas si las obras comienzan como está previsto este mes.

José Miguel Martínez Postigo y Fernando Merodio Rodríguez, representantes de la Plataforma, han expresado su profunda preocupación por lo que describen como un proceso plagado de «violaciones administrativas y falta de transparencia». Alegan que no se ha llevado a cabo la adecuada autorización administrativa de construcción (AAC) y que la autorización administrativa previa (AAP) podría estar caducada.

Según los documentos presentados, los representantes de BioCantaber, S.L. han solicitado licencias para iniciar «trabajos preparatorios» en el sitio, incluyendo la estanquidad de infraestructuras y el balizamiento de zonas de exclusión medioambiental, lo que conlleva una inversión de más de cinco millones de euros. La Plataforma ha cuestionado el impacto ambiental y la carga fiscal que estas actividades podrían tener en la comunidad local.

Los responsables de la Plataforma han indicado que esta acción es solo el comienzo de una serie de medidas legales que buscan proteger los derechos e intereses de la comunidad afectada por los desarrollos industriales que, según ellos, comprometen la integridad de la región. Además, han reiterado la necesidad de transparencia y legalidad en el proceso de autorización de estas obras, destacando que cualquier actividad ilegal no será tolerada y será enfrentada con acciones legales severas.

Antecedentes y Contexto Legal

La controversia en torno al polígono industrial P.E. El Escudo no es reciente. Desde la primera propuesta de desarrollo, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha estado vigilante, subrayando los riesgos y las potenciales violaciones de los códigos de construcción y de medio ambiente. El polígono está planeado para abarcar vastas áreas de terreno que, según la Plataforma, incluyen zonas de valor ecológico y social crítico para la comunidad local.

El recurso de reposición presentado por la Plataforma argumenta que las autorizaciones para comenzar las obras no cumplen con los procedimientos legales estandarizados establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y la Ley 7/2013, de 25 de noviembre, que regula el aprovechamiento eólico en Cantabria. Estas leyes estipulan que todos los proyectos de esta magnitud deben seguir un riguroso proceso de revisión pública y evaluación ambiental, algo que, según la Plataforma, no se ha cumplido adecuadamente.

Impacto Comunitario y Ambiental

El impacto de las obras en la vida comunitaria y en el entorno natural de Cantabria ha sido un punto crítico de la oposición de la Plataforma. Alegan que las obras, además de la significativa «valoración económica» implicada, podrían causar daños irreversibles al paisaje y a la biodiversidad local, que incluye especies protegidas y hábitats sensibles. La preocupación se extiende a las repercusiones a largo plazo de un desarrollo industrial mal gestionado que podría alterar el equilibrio ecológico y disminuir la calidad de vida de los residentes locales.

Acciones Legales y Repercusiones

La Plataforma no solo ha apelado a las autoridades locales mediante recursos administrativos, sino que también ha preparado un conjunto de acciones legales, incluyendo querellas penales y demandas civiles contra aquellos en posiciones de poder que han facilitado o autorizado el progreso de las obras sin cumplir con los procedimientos legales necesarios. Estas acciones buscan establecer un precedente legal para la protección del medio ambiente y los derechos comunitarios, subrayando la gravedad con la que la Plataforma y sus representantes están abordando este asunto.

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha intensificado sus esfuerzos para detener la iniciación de cualquier obra en los polígonos eólicos en la región. Este requerimiento sigue a una serie de acciones legales emprendidas por la Plataforma, incluyendo la interposición de recursos de reposición contra las licencias ya concedidas y anunciadas para el polígono industrial P.E. El Escudo. Aducen que las autorizaciones otorgadas están plagadas de irregularidades legales y falta de transparencia, además de no considerar adecuadamente las preocupaciones ambientales y sociales. La Plataforma ha hecho un llamado para que se respeten los procesos administrativos y se garantice una evaluación completa de los impactos ambientales antes de proceder con cualquier desarrollo.

Diálogo y Resolución

A pesar de la firme postura legal, los líderes de la Plataforma han expresado su disposición a dialogar con las autoridades para encontrar una solución que respete tanto el desarrollo económico como la sostenibilidad ambiental y social. Sin embargo, enfatizan que cualquier avance en las obras sin una resolución clara y legal será enfrentado con la máxima resistencia legal.

En resumen, la situación en el polígono industrial P.E. El Escudo es un claro ejemplo de la complejidad y la urgencia de equilibrar el desarrollo industrial con la conservación ambiental y los derechos de las comunidades locales. La resolución de este caso podría tener implicaciones de largo alcance, no solo para los involucrados directamente, sino para la política de desarrollo rural y energético en toda Cantabria y posiblemente más allá. La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria sigue firme en su compromiso de asegurar que este equilibrio se mantenga.