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Lorena Pérez, exalcaldesa socialista de Cieza, paga el precio de la corrupción: 1 año y 9 meses de cárcel

La exalcaldesa de Cieza, Lorena Pérez, al finalizar la vista en la que se ha formalizado el acuerdo de conformidad al que ha llegado con la Fiscalía. / EP
La exregidora, del PSOE, ha reconocido los hechos y ha colaborado con la justicia, devolviendo el dinero y entregando el talonario de cheques 

La exalcaldesa de Cieza, Lorena Pérez, ha sido condenada este lunes por la Audiencia de Cantabria a una pena de un año y nueve meses de cárcel tras reconocer su implicación en un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Los hechos, ocurridos en 2023, tienen su origen en una fraudulenta extracción de dinero de las arcas municipales, en la que Pérez simuló la firma de la secretaria, tesorera e interventora del Consistorio para hacer efectivos varios cheques al portador.

En concreto, la exalcaldesa se apoderó del talonario de cheques del Ayuntamiento de Cieza y procedió a expedir cuatro cheques de distintas cantidades para cobrar un total de 3.600 euros. Las sucursales bancarias en las que Pérez intentó cobrar los cheques no tardaron en alertar de las irregularidades, lo que finalmente desencadenó una investigación judicial que ha concluido con esta condena. Afortunadamente, uno de los cheques fue detectado antes de ser efectivo, lo que impidió que la cantidad total fuera mayor.

La exregidora, que reconoció los hechos en el tribunal, también colaboró con la justicia en la restitución de los fondos, entregando el talonario de cheques y consignando los 3.600 euros en la cuenta del juzgado, lo que le ha permitido obtener la circunstancia atenuante de reparación del daño. Este gesto fue clave para el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de la exalcaldesa, lo que permitió la resolución más rápida del caso.

Aparte de la pena de prisión, Lorena Pérez ha sido condenada a una multa de 960 euros y un año y tres meses de inhabilitación para ocupar empleo o cargo público, lo que también afecta a sus futuras opciones dentro del ámbito político. Dado que la exalcaldesa no tiene antecedentes penales previos y la pena impuesta es inferior a dos años, la ejecución de la pena ha sido suspendida, lo que implica que Pérez no ingresará en prisión de inmediato, a menos que cometa otro delito en el futuro.

El caso se remonta a principios de 2023, cuando la entonces alcaldesa de Cieza aprovechó su cargo para apoderarse de los cheques municipales con el fin de beneficiarse económicamente de los fondos públicos. Pérez utilizó la firma de la secretaria del Ayuntamiento sin su consentimiento para hacer efectivos los cheques, cobrando directamente de las cuentas municipales. En un último intento de perpetuar el fraude, entregó un cheque a un tercero, quien, sin saberlo, intentó cobrar el dinero, aunque en esta ocasión las sospechas bancarias impidieron que el fraude se materializara.

Los hechos delictivos fueron destapados cuando varios trabajadores municipales denunciaron irregularidades en el Ayuntamiento. Fue entonces cuando Lorena Pérez, quien había sido la primera mujer alcaldesa de Cieza, renunció a su cargo en enero de 2023, argumentando motivos personales. La situación fue aún más delicada cuando la exalcaldesa perdió la militancia en el PSOE poco antes de las elecciones municipales de 2023, tras la denuncia de los hechos delictivos y la posterior pérdida de confianza por parte de Ciudadanos.

La condena de Lorena Pérez ha causado gran conmoción en la política regional, ya que la exalcaldesa fue, hasta su dimisión, un rostro prominente del PSOE en la zona. El caso subraya la necesidad de reforzar los controles y las auditorías en las instituciones públicas para evitar que se repitan situaciones similares de fraude y abuso de poder. La condena, además, pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la ética en el ejercicio de los cargos públicos, especialmente en los niveles municipales donde la confianza de los ciudadanos es fundamental.

Este caso añade una nueva página al historial político de Cieza, donde las dimisiones y los conflictos internos han sido habituales en los últimos años. Sin embargo, la resolución de este asunto judicial podría contribuir a restablecer la credibilidad institucional y fomentar una mayor vigilancia sobre las gestiones de los fondos públicos.