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El imprudente madrileño que surfeaba en Suances reabre el debate: ¿Debería pagar su rescate?

Un surfista madrileño de 30 años tuvo que ser rescatado por los bomberos en Punta Ballota (Suances) en plena alerta naranja por fuerte oleaje. El Gobierno de Cantabria estudia abrir un expediente sancionador para cobrar los gastos del operativo, en virtud de la Ley de Medidas Fiscales de 2019.

Un surfista rescatado en Suances durante el temporal podría pagar una tasa por imprudencia. / 112
Un surfista rescatado en Suances durante el temporal podría pagar una tasa por imprudencia. / 112

El pasado domingo, mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenía activado un aviso naranja por fenómenos costeros adversos, un joven madrileño decidió desafiar las condiciones meteorológicas practicando surf en Punta Ballota, Suances. La combinación de viento, lluvia y mar embravecido hizo que quedara atrapado entre las rocas, lo que activó un rescate de emergencia que movilizó a varios equipos.

El operativo incluyó a la Policía Local, los bomberos de Torrelavega, la Guardia Civil, los equipos de intervención terrestre de Protección Civil y el helicóptero del Gobierno de Cantabria, aunque este último no pudo actuar debido a los fuertes vientos. Finalmente, fueron los bomberos, con la ayuda de una cuerda, quienes lograron sacar al surfista a una zona segura fuera del alcance de las olas.

El rescate terminó con éxito y el joven salió con vida, pero el incidente no quedó exento de polémica. Ahora, el Ejecutivo cántabro estudia si el surfista incurrió en una imprudencia grave, lo que podría derivar en la apertura de un expediente sancionador que le obligue a pagar una tasa por los servicios de rescate.

El marco legal: ¿debería pagar el surfista por el rescate?

La posibilidad de cobrar por los rescates imprudentes está regulada desde noviembre de 2019, cuando se aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Esta norma establece la capacidad del Gobierno autonómico para imponer tasas en casos de negligencia, aunque, según explica Mónica Escobedo, directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, "cada caso debe ser estudiado cuidadosamente antes de tomar una decisión".

«No es algo que esté sobre la mesa ahora mismo porque lo primero que hacemos es rescatar a la persona. Después, en los días posteriores, se analiza si procede o no el cobro», aclara Escobedo, quien recalca que todavía es pronto para determinar si el surfista tendrá que pagar.

Un historial de sanciones reducido

Hasta la fecha, solo dos casos han terminado con el cobro de tasas por parte del Gobierno de Cantabria:

  1. Febrero de 2021: Una pareja rescatada en Bárcena Mayor tras perderse en la nieve sin el equipo adecuado.
  2. Junio de 2023: Un grupo de espeleólogos tuvo que ser evacuado de una cavidad en Soba. La operación les costó 3.875 euros.

A pesar de que la Ley de 2019 establece tasas como los 570 euros por la salida del equipo de espeleosocorro, 1.906 euros por hora de helicóptero, o 114 euros por un dispositivo de rastreo, muchos expedientes terminan siendo archivados. «La mayoría de los casos no se llegan a cobrar porque los matices impiden continuar el proceso», señala Escobedo.

En el caso del surfista de Suances, si finalmente se decide imponer una tasa, los técnicos deberán calcular la cuantía exacta, considerando el número de recursos movilizados durante el operativo.

Polémica social: el eterno debate sobre la imprudencia y los rescates

El rescate ha reavivado el debate sobre la responsabilidad individual en actividades de riesgo y el uso de recursos públicos. Para algunos, cobrar por los rescates en casos de imprudencia evidente es una medida justa que fomenta la prevención y evita que situaciones similares se repitan. Sin embargo, otros argumentan que esta práctica podría disuadir a personas en peligro de pedir ayuda por temor a las sanciones económicas.

El caso del surfista madrileño pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los servicios de emergencia en contextos climáticos extremos, como los vividos este fin de semana en Cantabria, con fenómenos costeros adversos que exigían extremar precauciones.

Por el momento, el joven ha salido ileso, pero podría enfrentarse a un proceso sancionador que le convierta en el tercer caso documentado de cobro de rescate en la comunidad autónoma.

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