La Fiscalía archiva la investigación sobre el centro de menores de Cartes
El ministerio público archiva las diligencias contra el Ayuntamiento de Cartes y su alcaldesa tras descartar irregularidades en las medidas adoptadas sobre el centro de menores y la publicación de información.
La Fiscalía de Cantabria ha acordado el archivo de las diligencias abiertas en relación con el centro de menores migrantes ubicado en el municipio de Cartes, al no apreciar indicios de delito en la actuación del Ayuntamiento ni de su alcaldesa, Lorena Cueto.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Podemos, que cuestionaba diversas actuaciones vinculadas a este recurso de acogida, habilitado por el Gobierno regional. Entre los aspectos señalados figuraban tanto la difusión de información sobre la localización del inmueble como la adopción de medidas municipales que, según la denuncia, podrían haber afectado al funcionamiento del centro.
Tras analizar la documentación y las actuaciones practicadas, el Ministerio Público ha concluido que no concurren elementos suficientes que permitan sostener la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, se ha procedido al archivo de la causa.
Investigación sobre la difusión de información
Uno de los puntos centrales de la denuncia hacía referencia a la publicación en redes sociales de datos que podían facilitar la identificación del emplazamiento del centro de acogida. Según la formación denunciante, esta circunstancia podría haber comprometido la seguridad y confidencialidad de los menores.
Asimismo, se puso en cuestión una resolución municipal que ordenaba la paralización de la actividad en el recurso, dirigida al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y a la entidad gestora del centro, lo que generó un conflicto institucional sobre la competencia y legalidad de dichas medidas.
Medidas administrativas bajo análisis
En el marco de ese conflicto, se llegaron a plantear actuaciones como la interrupción de suministros básicos o el precinto de las instalaciones, en caso de incumplimiento de la orden municipal. Sin embargo, estas medidas quedaron suspendidas tras la intervención judicial.
La Fiscalía ha tenido en cuenta el conjunto de estas actuaciones, así como el contexto en el que se produjeron, concluyendo finalmente que no existe base penal suficiente para continuar con el procedimiento.
Cierre del caso
El archivo de la causa pone fin a un episodio que había generado debate político y social en el municipio, en torno a la gestión del centro de acogida y a las competencias de las administraciones implicadas.
Con esta decisión, el Ministerio Público da por cerrada la investigación sin que se deriven responsabilidades penales, aunque el debate sobre este tipo de recursos y su implantación en el territorio continúa presente en el ámbito público.