Los tres sindicatos representativos en el Ayuntamiento de Camargo, CSIF, UGT y CCOO, han acusado este jueves a la alcaldesa, Esther Bolado, y al concejal delegado de personal, Íñigo Gómez, de "no respetar" ni a la representación legal de la plantilla ni las propias sentencias judiciales que han condenado al Consistorio por vulneración de la libertad sindical.

En un comunicado, los sindicatos recuerdan que, "ante el reiterado incumplimiento de la normativa legal vigente y el desprecio a la representación sindical", CSIF, UGT y CCOO se vieron obligados a acudir a los tribunales de justicia y el Ayuntamiento de Camargo fue condenado por vulnerar el derecho de libertad sindical del comité de empresa del personal laboral, aunque se tuvo que recurrir después a la ejecución de sentencia porque el Consistorio "seguía sin cumplirla".

En este sentido, la presidenta del comité de empresa en el Consistorio, Arantza Terán, explica que la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Santander obligaba al Ayuntamiento de Camargo "a informar trimestralmente al comité de empresa sobre las contrataciones derivadas de la bolsa de empleo, a constituir la mencionada comisión de seguimiento estipulada en el convenio colectivo y velar por el adecuado llamamiento de los integrantes de la misma, además de entregar copia de de los contratos de personal laboral".

"Todas ellas son obligaciones legales que el Ayuntamiento de Camargo viene incumpliendo desde 2019", subraya Terán, que señala que en vista de que el Consistorio "seguía sin cumplir lo establecido en sentencia, se solicitó su ejecución de sentencia en diciembre de 2022 y hemos tenido que esperar hasta el pasado mes de febrero a que se hayan dignado a constituir la comisión de seguimiento de las bolsas de empleo y cuatro meses después de que la sentencia fuera firme".

La presidenta del comité de empresa añade que, "cuando por fin se ha constituido la mencionada comisión de seguimiento de las bolsas de empleo, la documentación que se nos ha presentado corresponde sólo a partir del año 2022, por lo que no podemos velar ni mucho menos garantizar que los llamamientos en las bolsas de empleo de los años 2019, 2020 y 2021 se hayan efectuado de manera correcta".

"INCAPACIDAD MANIFIESTA EN PERSONAL"

Para Terán, lo que está ocurriendo con las bolsas de empleo pone de manifiesto, una vez más, "la incapacidad manifiesta del concejal delegado de personal y de su jefa, la alcaldesa, en la gestión en materia de personal y reafirma que no han debido ni leerse la sentencia que condenó al Ayuntamiento por la infracción grave cometida de transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales".

"Prefieren seguir con su política de dejadez y oscurantismo", recalca la sindicalista, que critica que el equipo de Gobierno "prefiere disparar con pólvora del rey, pagando con dinero de todos los vecinos multas por vulneración de la libertad sindical, en lugar de respetar los derechos de los trabajadores y sus representantes legales.

Terán recuerda que, a pesar que el Ayuntamiento de Camargo también fue condenado en otra sentencia por vulnerar la libertad sindical de UGT, "continúa, a tres meses de finalizar la legislatura, sin mostrar intención alguna de buscar solución a los numerosos problemas que sufren los empleados municipales, dialogar con sus representantes, ni dar la más mínima explicación de asuntos planteados reiteradamente o aprobar la necesaria valoración de puestos de trabajo".

"A pesar de que algunos servicios municipales se están viendo colapsados por falta de personal, siguen paralizados desde 2020 los procesos selectivos de diferentes bolsas de empleo que posibilitarían las contrataciones, como las de administrativo o auxiliar administrativo", destaca la presidenta del comité de empresa.

Terán reprocha al Consistorio que "los trabajadores afectados por el proceso de estabilización viven situaciones kafkianas cuando requieren documentación a su propia Administración, el Ayuntamiento de Camargo, con el consiguiente perjuicio que se les pueda causar a la hora de presentar dicha documentación en otras administraciones públicas".