La localidad de Comillas, joya turística de Cantabria, enfrenta una polémica creciente debido a la falta de acceso a servicios públicos esenciales, una situación que se agrava bajo la administración del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y la gestión de la alcaldesa María Teresa Noceda. Desde que asumió el cargo en 2003, Noceda ha sido una figura central en la política local, desempeñando un papel clave en diversas fundaciones culturales y educativas de la región. Sin embargo, la recurrencia de servicios clausurados, como los aseos del parking del Palacio y de la playa, ha generado un descontento palpable entre los residentes y visitantes de Comillas.

Los Populares de Comillas han emitido un comunicado donde expresan abiertamente su frustración, señalando que "los comillanos no tenemos derecho a usar los servicios pagados con nuestros impuestos. Además, los visitantes tampoco pueden usarlos". Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los habitantes de Comillas, sino que también daña la imagen turística de la localidad, poniendo en riesgo uno de sus principales motores económicos.

La responsabilidad de esta gestión recae en gran medida en el PRC y en la figura de María Teresa Noceda, cuya administración ha sido incapaz de ofrecer soluciones efectivas a una problemática que se repite. La ausencia de acciones concretas para remediar la situación evidencia una desconexión entre las prioridades del gobierno local y las necesidades básicas de la población y los visitantes.

Este escenario plantea serias preguntas sobre la gestión y asignación de recursos públicos en Comillas. La comunidad demanda transparencia, responsabilidad y cambios urgentes para asegurar el acceso a servicios esenciales, criticando la aparente indiferencia del gobierno local ante las repetidas quejas y llamados a la acción.

La gestión de María Teresa Noceda y del PRC está ahora bajo escrutinio, no solo por la reiterada clausura de servicios sino por el impacto que esta gestión puede tener en el futuro político y social de Comillas. La comunidad espera una respuesta adecuada que no solo aborde la crisis actual de los servicios municipales, sino que también marque un cambio de rumbo hacia una administración más eficiente y sensible a las necesidades de sus ciudadanos.