Zapatero, Ábalos y Sánchez: la cadena de presiones del rescate Plus Ultra
El caso Plus Ultra, convertido en uno de los principales focos de presunta corrupción institucional, sigue creciendo como una amenaza directa a la estabilidad del Ejecutivo. La combinación de documentos ocultos, reuniones discretas, intermediarios cercanos al poder y un rescate millonario a una aerolínea sin aviones dibuja un escenario de alta gravedad política y judicial, según publica El Debate.
A pesar de que Pedro Sánchez ha defendido desde Bruselas la «pulcritud» del rescate —53 millones de euros en plena pandemia— las evidencias acumuladas, los nuevos detenidos y la reapertura de diligencias judiciales indican lo contrario.
Reuniones secretas y presiones de alto nivel
El empresario Julio Martínez, vinculado a Plus Ultra y detenido por la UDEF, se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en una finca de Patrimonio Nacional 72 horas antes de ser arrestado. Según revelaciones judiciales y mediáticas, Zapatero fue clave en la presión a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, para que se aprobara el rescate, llegando incluso a invocar órdenes directas del propio presidente:
«Esto te lo pide el presidente», habría dicho Zapatero, según declaraciones de Víctor de Aldama, empresario vinculado al caso Koldo.
El informe interno del Ministerio de Transportes era demoledor:
«Plus Ultra ha cerrado todos sus ejercicios con pérdidas desde 2015». Aun así, recibió el rescate con el pretexto de ser «empresa estratégica», una categoría que fue otorgada con la ayuda directa del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, bajo presión política.
Una empresa sin solvencia rescatada con dinero público
El informe confidencial obtenido tras meses de resistencia del Gobierno, señalaba que Plus Ultra tenía una «posición débil desde su inicio», que «no poseía aviones en propiedad», y que «su cifra de negocios era insignificante en comparación con el sector».
Pese a ello, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), bajo la tutela del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, autorizó el rescate. Según Aldama, Montero le habría dicho a Ábalos:
«No te preocupes, yo me encargo de la SEPI y te vamos a ayudar».
En enero de 2022, el director jurídico de la SEPI, Javier Morales Abad, emitió un informe justificando el secretismo sobre el expediente completo del rescate, argumentando que revelarlo sería «perjudicial para la competitividad» de la aerolínea.
Casa de Zapatero, epicentro de la trama
Según ha revelado El Debate, la vivienda de Zapatero en Aravaca fue escenario de al menos cinco reuniones discretas entre septiembre y diciembre de 2023. Los encuentros, en pleno desarrollo de la investigación judicial, implicaron contactos directos con Julio Martínez. Tras conocerse estos hechos y aparecer su nombre en informes de la UCO, Zapatero vendió la casa y se trasladó a Las Rozas, solicitando además refuerzos de seguridad al Ministerio del Interior.
Una red internacional de blanqueo vinculada al rescate
La jueza Esperanza Collazos ha reabierto una pieza secreta tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, señalando que el dinero del rescate habría sido desviado a empresas suizas para saldar préstamos vinculados a una red delictiva internacional con conexiones en Francia, Suiza y Venezuela. Parte de esos fondos procederían, supuestamente, de malversaciones en Venezuela, relacionadas con programas de alimentos (CLAP) y ventas de oro del Banco Central de Venezuela.
La SEPI, el corazón de las operaciones
Además de Plus Ultra, la SEPI también gestionó los 615 millones otorgados a Air Europa, otro rescate bajo sospecha que también salpica al entorno de Sánchez. La UCO investiga actualmente si existen vínculos entre esta operación y la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Cabe recordar que Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI nombrado por Sánchez, fue detenido recientemente junto a Leire Díez (conocida como la «fontanera del PSOE») por presuntas irregularidades en contratos públicos estimados en 133 millones de euros, de los cuales se habrían cobrado 750.000 euros en comisiones ilegales.