Sánchez "vende" a sus barones por 4.700 millones para Cataluña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por priorizar la estabilidad parlamentaria en el Congreso aunque ello suponga trasladar el desgaste político a las elecciones autonómicas de primavera. El acuerdo con ERC sobre financiación autonómica, que incorpora el principio de ordinalidad y garantiza 4.700 millones adicionales para Cataluña, asegura apoyos clave en Madrid, pero deja expuestos a los candidatos socialistas en varios territorios, según publica VozPopuli.
La estrategia de Moncloa es clara: ganar tiempo, recomponer el bloque de investidura y llegar a 2027 pese a un entorno adverso. La financiación autonómica no se plantea como una reforma inmediata y cerrada, sino como una palanca política para reordenar alianzas y recuperar iniciativa tras semanas marcadas por problemas judiciales y escándalos que afectan al PSOE y al Ejecutivo.
El pacto con Oriol Junqueras garantiza, al menos de momento, la confianza de ERC y abre la puerta a su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado. A cambio, el desgaste se desplaza a las comunidades. En varias federaciones del PSOE se interpreta que Sánchez sacrifica a sus candidatos autonómicos para sostener la legislatura.
El calendario aprieta. Salvador Illa necesita a ERC para aprobar sus primeros presupuestos en Cataluña y Sánchez busca recomponer relaciones con socios inquietos. La financiación se convierte así en moneda doble: sirve para cumplir compromisos en Cataluña y para asegurar apoyos parlamentarios en Madrid.
El coste político lo asumen los territorios. Pilar Alegría en Aragón, Carlos Martínez en Castilla y León y, sobre todo, María Jesús Montero en Andalucía afrontan campañas en las que el PP ya ha fijado un eje de ataque: el supuesto trato de favor a Cataluña. No es menor que Montero sea además la arquitecta del acuerdo y la encargada de explicarlo públicamente.
En el Congreso, el escenario sigue abierto. PP y Vox votarán en contra; Podemos no aclara su posición; Compromís, Chunta y otros apoyos generan dudas. Y, sobre todo, pesan los siete votos de Junts. Sin ellos, la reforma no saldrá. En Moncloa se confía en que Carles Puigdemont acabe apoyando el modelo, aunque los posconvergentes presionan por un concierto económico que el pacto no contempla.
En Ferraz asumen que una reforma completa es hoy casi imposible, pero valoran el recorrido político del gesto. Dejar que ERC anuncie el acuerdo permite a los republicanos exhibir influencia mientras el Gobierno se reserva la pedagogía técnica. El cálculo es que el desgaste territorial es asumible si a cambio se garantiza oxígeno parlamentario.
La financiación autonómica sigue siendo un asunto inflamable y técnicamente complejo, con un camino legislativo lleno de obstáculos. Aun así, Sánchez no actúa como si la legislatura estuviera agotada. Se mueve como quien cree que puede llegar al final. El precio lo pagan las autonomías; el beneficio, si llega, se medirá en tiempo, el recurso más escaso en política.