Sánchez encadena fracasos parlamentarios en tiempo récord

El Gobierno de Pedro Sánchez cierra un arranque de año especialmente adverso en el plano parlamentario. En apenas dos meses, el Congreso de los Diputados ha derogado tres reales decretos leyes del Ejecutivo, una cifra equivalente al total registrado en las cuatro décadas de democracia previas a su llegada a La Moncloa.

Las votaciones recientes evidencian no solo la fragilidad de la mayoría gubernamental, sino también la consolidación de una mayoría alternativa de PP, Vox y Junts, cada vez más frecuente en la Cámara Baja.

Tres decretos derogados en dos meses

Desde enero, el Pleno ha tumbado tres decretos leyes del Ejecutivo. Antes de Sánchez, la derogación de este tipo de normas era excepcional: ocurrió una vez con Adolfo Suárez, otra con José Luis Rodríguez Zapatero y una con Mariano Rajoy. A Felipe González no le sucedió nunca.

Sin embargo, desde 2018 el Congreso ha rechazado nueve decretos leyes del actual presidente, siete de ellos en lo que va de legislatura. Este dato refleja el creciente desgaste del Gobierno en el uso del artículo 86 de la Constitución, que reserva esta figura para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Los socios parlamentarios han criticado el recurso recurrente al decreto ley y la inclusión en un mismo texto de medidas heterogéneas sin margen para negociación o enmiendas.

El ‘escudo social’ vuelve a caer

La derrota más significativa fue la del denominado escudo social, que decayó por segunda vez en apenas un mes. En esta ocasión, tras la negativa de Junts a aceptar los cambios pactados entre el PSOE y el PNV para introducir excepciones en la prórroga antidesahucios.

También fue rechazado el decreto ley que pretendía limitar los precios de bienes y servicios básicos en situaciones de emergencia, impulsado tras el accidente de Adamuz. El ministro proponente, Pablo Bustinduy, responsabilizó a las “derechas” de las consecuencias sociales de la decisión.

Desde el Ejecutivo se ha dejado caer la posibilidad de aprobar el escudo social por tercera vez, aunque sin concretar los mecanismos para lograrlo.

PP, Vox y Junts marcan la agenda

Más allá de las votaciones, el inicio de 2026 ha evidenciado un cambio en la dinámica parlamentaria. PP, Vox y Junts han impulsado debates sobre inmigración, islamismo, delincuencia, deterioro institucional o crisis del campo, temas que han obligado al bloque de izquierdas a posicionarse en marcos ajenos.

El PSOE llegó incluso a apoyar una proposición de ley de Junts contra la multirreincidencia, que continúa su tramitación en el Senado.

Presupuestos en el aire

Este contexto complica la aprobación de los que serían los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura. Junts no ha mostrado disposición a facilitar su tramitación, lo que deja al Gobierno en una posición negociadora especialmente delicada.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha reiterado su intención de llevar el proyecto al Consejo de Ministros en marzo para iniciar después la ronda de contactos parlamentarios. No obstante, la senda de estabilidad ya fue rechazada en dos ocasiones a finales de 2025.

El Congreso no volverá a celebrar Pleno hasta la semana del 17 de marzo, lo que otorga al Ejecutivo un margen limitado para recomponer apoyos.

Más frentes abiertos

A las derrotas parlamentarias se suman otros episodios que han marcado el inicio de año: el accidente de Adamuz, la destitución del director adjunto operativo de la Policía Nacional, la derrota electoral del PSOE en Aragón —donde igualó su peor resultado histórico— y la evolución judicial del caso Plus Ultra.

Con este panorama, el Gobierno afronta un escenario de creciente complejidad en el que la estabilidad parlamentaria se presenta como el principal desafío político del arranque de 2026.