polémica

Sánchez dobla la apuesta y pone en duda al Supremo por inhabilitar a García Ortiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno. / EP
Sánchez se planta frente al Tribunal Supremo y defiende a capa y espada al fiscal general inhabilitado. Mientras la Justicia lo señala por revelar secretos, el presidente insiste en su inocencia y carga contra la falta de transparencia del Alto Tribunal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles, durante su nuevo cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su convicción de que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «será declarado finalmente inocente». Con esta afirmación, el jefe del Ejecutivo volvió a mostrar su confianza en que prospere el previsible recurso que se elevará al Tribunal Constitucional tras el fallo de inhabilitación dictado por el Tribunal Supremo, según publica The Objective.

«El tiempo pondrá las cosas en su sitio», afirmó Sánchez, en una declaración que incluyó una crítica velada al Alto Tribunal por no haber hecho pública todavía la sentencia íntegra, tal como recogió EFE. El presidente sostuvo que el proceso judicial aún no ha concluido y que el contenido completo del fallo será determinante para el futuro del fiscal general, cuyo mandato, insistió, ha estado marcado por la lealtad institucional.

La respuesta de Sánchez llegó después de que Núñez Feijóo le interpelara directamente sobre su posición respecto a García Ortiz, recordándole que, antes de conocerse la inhabilitación, el presidente había planteado que «alguien debía pedir perdón» al fiscal. El líder de la oposición exigió ahora que sea Sánchez quien asuma ese gesto: «Visto lo visto, usted va a pedir perdón», reprochó.

Feijóo calificó la situación institucional como un «bochorno» y acusó al jefe del Ejecutivo de convertirse, dijo, en «más peligroso para la democracia española». El líder del PP sostuvo que la condena contra García Ortiz evidencia una supuesta degradación de los controles institucionales bajo el actual Gobierno y vinculó el caso con lo que considera un deterioro generalizado del Estado de derecho.

El intercambio se produjo en un contexto de elevada tensión política, marcado también por la reciente protesta interna en la Fiscalía tras la elección de su nueva jefa, un proceso en el que algunos fiscales denunciaron que «sigue mandando Dolores Delgado», en referencia a la exfiscal general del Estado. Estas críticas, sumadas al fallo del Supremo, han intensificado el debate sobre la independencia del Ministerio Fiscal y su relación con el Gobierno.

Con todo, Sánchez reiteró que el Ejecutivo respeta la separación de poderes y que será el Tribunal Constitucional quien, en última instancia, «aclare de forma definitiva una decisión que aún no es firme». Feijóo, por su parte, insistió en responsabilizar al presidente de una situación que, aseguró, preocupa a amplios sectores de la ciudadanía y deteriora la imagen institucional del país.