La red de Leire Díez arrastra a tres cargos de confianza de Montero en la SEPI
La trama de corrupción que salpica al holding público SEPI ya compromete directamente a tres altos cargos vinculados a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Según la investigación judicial en marcha en la Audiencia Nacional, estas personas de confianza de Montero habrían participado, de forma directa o indirecta, en operaciones amañadas por valor de al menos 133 millones de euros, según publica VozPopuli .
La causa se instruye bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción nº5, con la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández entre los principales investigados. La UCO de la Guardia Civil apunta a una red que se habría beneficiado de influencias dentro del ente público para manipular adjudicaciones y canalizar mordidas millonarias.
El nexo con Montero: Fernández, hombre clave
Vicente Fernández, expresidente de la SEPI entre 2018 y 2019, fue elegido para el cargo por María Jesús Montero tras su etapa conjunta en la Junta de Andalucía, donde ella era consejera de Hacienda y él, interventor general. Aunque abandonó la presidencia del holding tras verse involucrado en el caso Aznalcóllar —del que finalmente fue absuelto—, los investigadores sostienen que continuó ejerciendo influencia desde el exterior en favor de empresas controladas por la trama.
Una resolución judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli señala que Fernández operaba desde la constructora Servinabar 2000, propiedad de Antxon Alonso y vinculada al caso Koldo, y habría maniobrado en contrataciones públicas entre 2021 y 2023.
Los otros dos cargos en el foco judicial
La investigación también apunta a José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa, una filial de SEPI, cargo que ocupó entre 2018 y 2021, coincidiendo con el paso de Leire Díez por el mismo ente como directora de Comunicación. Berlanga, muy cercano a José Luis Ábalos, fue apartado de sus responsabilidades orgánicas por el PSOE tras conocerse su implicación en el caso.
El tercer investigado es Fernando Albert Aragón, actual secretario general y director jurídico de SEPI Desarrollo Empresarial, otra filial del grupo. Su rol clave se centra en haber presidido la Mesa de Contratación que adjudicó el contrato del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), una operación donde se estima que la trama cobró 400.000 euros en comisiones ilegales.
Albert Aragón también tiene lazos previos con Montero: coincidieron en la Junta de Andalucía, donde él era letrado y ella consejera. Ambos fueron incorporados a SEPI a instancias del Ministerio de Hacienda cuando Montero asumió el cargo en el Ejecutivo central.
Una red que crece y amenaza con sacudir al Gobierno
La UCO investiga si estos altos cargos facilitaron o toleraron la adjudicación de contratos manipulados, el desvío de fondos y el pago de mordidas en al menos cinco operaciones bajo sospecha. Uno de los principales ejes del caso apunta a la desactivación deliberada de los controles internos en SEPI, lo que permitió que la red intensificara su actividad sin trabas durante los años investigados.
La relación entre los investigados y María Jesús Montero coloca ahora en el foco a una de las figuras más poderosas del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque por el momento no está imputada, su proximidad política y personal con los tres altos cargos cuestionados abre una grieta que podría tener implicaciones políticas de gran calado.
La investigación continúa y se espera que en las próximas semanas la Audiencia Nacional practique nuevas diligencias, mientras crece la presión sobre el Ejecutivo para que depure responsabilidades.