El PP lleva a Sánchez al Constitucional por bloquear los Presupuestos
Los populares acusan a Sánchez de “rebeldía constitucional” y abren un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Ejecutivo
El Partido Popular ha anunciado que llevará al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por no presentar los Presupuestos Generales del Estado dentro del plazo establecido, lo que, a su juicio, supone un incumplimiento de la obligación constitucional del Ejecutivo.
La iniciativa será debatida y votada en el Pleno del Senado del próximo miércoles, y constituye el primer conflicto de atribuciones que el PP impulsa directamente contra el Gobierno desde la Cámara Alta. Si el Ejecutivo no responde en el plazo de un mes o rechaza el requerimiento, el asunto se elevará al Tribunal Constitucional.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha afirmado que «España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente». Según ha explicado, el requerimiento tiene como objetivo «sacar a Sánchez de su rebeldía constitucional» y «devolver a los españoles una política útil, centrada en sus problemas y no en los del Gobierno».
«Los Presupuestos no son opcionales, son una obligación constitucional. La Constitución no puede ser papel mojado», ha señalado García, que ha acusado al Ejecutivo de «bloquear el funcionamiento normal de las instituciones».
El PP denuncia que España sigue regida por unas cuentas aprobadas en 2022, cuando Unidas Podemos formaba parte del Gobierno, lo que califican de «inaceptable prórroga injustificada». En su escrito, los populares sostienen que esta situación impide al Parlamento «debatir, enmendar y votar» las nuevas cuentas públicas.
Además, el grupo parlamentario advierte de que la práctica reiterada de prorrogar los presupuestos «atenta contra el principio de control parlamentario» y permite al Ejecutivo «imponer su voluntad en materia de gasto público».
El texto concluye que «los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones constitucionales» y que el Senado «no debe tolerar más esta práctica fraudulenta».