El PP acusa al Gobierno sanchista de usar la regularización para fines electorales

El anuncio del Gobierno de España sobre una regularización extraordinaria de inmigrantes ha generado una fuerte reacción del Partido Popular (PP), que denuncia un trasfondo político en la medida. Según dirigentes de la formación, el objetivo real del Ejecutivo sería aumentar el censo electoral de la izquierda y alterar el equilibrio territorial de cara a futuros comicios, especialmente en el ámbito municipal, según publica VozPopuli.

El acuerdo, impulsado por PSOE y Podemos y presentado el pasado lunes, plantea una reforma urgente del reglamento de Extranjería que permitiría regularizar a personas extranjeras que acrediten cinco meses de permanencia en España y residencia anterior al 31 de diciembre de 2025. La medida se ha presentado como una cesión a la formación morada, con el objetivo de recomponer alianzas en el bloque progresista, ante el debilitamiento de Sumar en el Gobierno.

Críticas desde el PP: estrategia para alterar el mapa electoral

Desde el PP se alerta de que la medida, más allá de sus implicaciones migratorias, esconde una intención política. En declaraciones públicas y en conversaciones internas, dirigentes autonómicos y cargos nacionales del partido han advertido que la regularización masiva podría provocar desplazamientos del censo poblacional hacia ciudades de mayoría progresista, como Barcelona, en detrimento de otras circunscripciones como Madrid, tradicional feudo del centroderecha.

El temor del PP es que la redistribución poblacional pueda derivar en una nueva asignación de escaños en el Congreso, debido a que el número de diputados por provincia está vinculado al tamaño del censo, según los criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque los inmigrantes regularizados no obtendrán directamente la nacionalidad ni podrán votar en elecciones generales, sí podrán hacerlo en las municipales, si existe convenio de reciprocidad con sus países de origen.

Ayuso y Feijóo acusan al Gobierno de manipular el censo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han adoptado públicamente este discurso. En un acto celebrado en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, Feijóo acusó al Gobierno de utilizar la regularización como una “cortina de humo” para desviar la atención del accidente ferroviario de Adamuz, que ha reabierto el debate sobre el estado de la red ferroviaria y la gestión del Ministerio de Transportes.

“El Gobierno puede dar todas las vueltas que quiera para intentar tapar el bulto, pero la realidad se ha impuesto”, aseguró Feijóo, en alusión al desgaste que el Ejecutivo sufre tras las críticas por el sistema ferroviario. Añadió que el miedo y la desconfianza crecen porque “el Gobierno ha mentido con información falsa”.

Nacionalidad, residencia y derecho al voto

Feijóo también se refirió a la Ley de Nietos, que concede la nacionalidad española de origen a 2,5 millones de personas descendientes de españoles en el extranjero. Según el líder popular, esto supone un cambio sustancial del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que influye en la participación electoral desde el exterior.

En paralelo, la regularización de alrededor de 800.000 personas con residencia legal alteraría, según el PP, el censo en muchos municipios. Personas procedentes de Iberoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Andorra, países con convenios específicos, podrían solicitar la nacionalidad española tras solo dos años de residencia, accediendo así a todos los procesos electorales en España.

Desde el PP se considera que estas medidas suponen una alteración del sistema democrático “en diferido”, al modificar el peso del electorado de manera progresiva.

Cómo funcionará el proceso de regularización

La medida anunciada por el Gobierno permitirá acogerse a quienes cumplan tres condiciones esenciales:

• Acreditar residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

• Haber permanecido en el país al menos cinco meses.

• No tener antecedentes penales relevantes.

Podrán presentar pruebas como empadronamiento, citas médicas, contratos de alquiler, envíos de dinero, certificados de asistencia a recursos sociales o billetes de transporte. Según fuentes conocedoras del proceso, se busca reconocer la documentación informal de quienes llevan años integrados en la sociedad pero sin regularizar su situación administrativa.

Una vez presentada la solicitud, se suspenderían las órdenes de expulsión por motivos administrativos, y se otorgaría una autorización provisional de residencia que permite trabajar legalmente y acceder a servicios como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, el permiso tendría una vigencia de un año, renovable de acuerdo al reglamento vigente.