Pagos, audios y detenciones: el cerco judicial se estrecha sobre Leire Díez
El PSOE ha remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid documentación oficial en la que reconoce un pago total de 15.612,04 euros brutos a Leire Díez por su labor como periodista en Cantabria durante el año 2017. Aunque el partido matiza que no mantuvo con ella ninguna relación laboral ni le asignó cargos orgánicos, sí confirma que ocupó el cargo de concejal socialista en Vega del Pas entre 2011 y 2015.
El informe enviado al juzgado, según avanzó ABC y confirmó Europa Press, detalla que Díez se afilió al PSOE en abril de 2006 en Portugalete (Vizcaya) y posteriormente fue parte de la agrupación de Vega de Pas, de la que causó baja el 4 de junio de 2025.
El juez investiga posibles vínculos con una trama de cohecho y tráfico de influencias
La investigación judicial contra Leire Díez forma parte de una causa más amplia sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas en las que estarían implicadas empresas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, le tomó declaración el pasado 11 de noviembre, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según el instructor, Díez habría liderado una “actuación delictiva, continuada y coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, ambos también investigados, con el objetivo de obstaculizar investigaciones judiciales y filtrar información comprometida sobre agentes de la Guardia Civil y fiscales de Anticorrupción.
Grabaciones y audios en el centro de la investigación
El juez solicitó a la Comisaría General de Policía Científica que se mejore técnicamente el audio de una reunión entre Díez y el fiscal Ignacio Stampa, así como que se transcriba si la mejora no es viable. Además, ha ordenado analizar otra grabación de una reunión entre Díez y el empresario Alejandro Hamlyn, con el fin de determinar si fue registrada por alguno de los asistentes o por un tercero externo.
Detención e imputación en una operación dirigida desde la Audiencia Nacional
Leire Díez fue detenida el pasado 10 de diciembre, junto con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Antxon Alonso, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Antonio Piña y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.
Tres días más tarde, el juez decretó libertad con medidas cautelares para los tres: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales ante el juzgado. Además, la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias en el marco de una investigación bajo secreto de sumario sobre una presunta red de cobro de comisiones ilegales por contratos y ayudas públicas.
Una presunta red con ramificaciones en empresas públicas
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados formarían parte de un grupo denominado "Hirurok", que habría intervenido en al menos cinco operaciones con un beneficio ilícito de 700.000 euros. El grupo, según los agentes, aprovechaba su posición y relaciones dentro de la Administración para influir en la resolución de expedientes públicos en su propio beneficio o el de terceros.
Relación con el PSOE y trayectoria profesional
Durante su comparecencia ante el juez, Leire Díez negó tener actualmente vínculos con el PSOE y explicó que sus reuniones con dirigentes como Santos Cerdán –dos de ellas confirmadas por ella misma– se produjeron en calidad de periodista.
Asimismo, describió su trayectoria profesional: en 2018 se incorporó como técnico de comunicación en la empresa pública Enusa (SEPI) tras un supuesto proceso de selección, y en 2021 se trasladó a Correos, donde trabajó como jefa de Relaciones Institucionales.
Una causa con posibles implicaciones políticas
El caso se inscribe en una amplia investigación sobre posibles prácticas corruptas en el entorno del PSOE y de empresas vinculadas a la SEPI. La Fiscalía Anticorrupción indaga sobre posibles delitos de prevaricación, malversación, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
La implicación de figuras cercanas al partido, como Santos Cerdán, y la conexión de la exmilitante con empresas públicas clave han elevado la preocupación política en plena fase de instrucción judicial. La defensa de Díez insiste en su desvinculación actual del PSOE y en la legalidad de sus actividades.