Once comunidades se rebelan contra el decreto del Gobierno que impone el traslado de menores migrantes

Una creciente y generalizada oposición entre comunidades autónomas ha estallado tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto que impone el traslado obligatorio de 3.000 menores migrantes desde Canarias y Ceuta hacia la península. Esta medida, que excluye explícitamente a Cataluña y al País Vasco de la obligación de acogida, ha generado lo que muchos presidentes regionales han calificado como un "nuevo agravio" del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia la mayor parte de las autonomías.

Once comunidades han manifestado su desacuerdo con el decreto, recurriéndolo ante el Tribunal Constitucional. La mayoría de estas comunidades están gobernadas por el Partido Popular, salvo Castilla-La Mancha, cuya oposición ha sido también firme. La crítica común es que los centros de acogida están saturados o al límite de su capacidad, y que el Gobierno ha aprobado la medida sin consensuarla ni dotarla de recursos suficientes.

Por ejemplo, Madrid tendrá que hacerse cargo de 647 menores, mientras que Andalucía acogerá a cerca de 700, pese a que sus centros están al 95% de ocupación. Baleares, con una sobreocupación del 1.000%, ha denunciado que el sistema de protección de menores quedará comprometido y ha pedido la suspensión cautelar del decreto.

El decreto contempla una dotación de 100 millones de euros a repartir entre todas las comunidades para cubrir el traslado y los tres primeros meses de atención. Sin embargo, sólo Castilla-La Mancha ha cifrado en 400 millones de euros el coste estimado de los 322 menores que debe acoger. La diferencia entre el gasto real y la financiación asignada ha sido otro de los puntos de fricción.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha calificado la medida como el "enésimo atropello" a su comunidad y ha denunciado la opacidad del proceso de decisión. En la misma línea, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acusado al Ejecutivo de impulsar una política que "atenta contra la igualdad entre españoles" y ha advertido que acudirá "a donde haga falta" para impedir que se consume lo que calificó como una "sentencia de muerte institucional".

El rechazo también se ha extendido a la Comunidad Valenciana, donde el presidente Carlos Mazón ha anunciado que "activará todos los recursos posibles" para evitar que se impongan nuevas cargas sin financiación adecuada. En contraste, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha intentado defender las medidas del Gobierno, aunque ha enfrentado críticas por abandonar el tradicional discurso socialista sobre la infrafinanciación de la región.

En Aragón, el presidente Jorge Azcón ha anunciado una "rebelrebel\u00i3n cívica" contra el reparto y ha solicitado un debate monográfico en las Cortes autonómicas sobre el denominado "cupo catalán", concepto que ha generado especial tensión tras revelarse que Cataluña recibirá un trato fiscal preferente en el nuevo modelo de financiación. Azcón se une a otros líderes autonómicos en denunciar que el Gobierno está "comprando apoyo parlamentario a costa del equilibrio territorial".

Mientras tanto, en Ferraz y Moncloa crece la preocupación ante el desgaste político de sus dirigentes en regiones clave como Andalucía, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá renunciar a su cargo para preparar su candidatura. Su papel en el diseño del nuevo modelo de financiación que favorece a Cataluña se ha convertido en un argumento en su contra que el PP andaluz planea explotar a fondo.

La polémica coincide con una etapa especialmente delicada para el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por escándalos judiciales, tensiones parlamentarias y una legislatura que avanza bajo una creciente fragilidad institucional. La rebelión autonómica amenaza con convertirse en una cuestión de Estado y sitúa al Ejecutivo ante la necesidad de repensar su estrategia de alianzas, financiación autonómica y gestión de flujos migratorios en un contexto de fuerte polarización territorial.

Con los Presupuestos Generales del Estado bloqueados y sin el apoyo de formaciones como Junts o Podemos, el margen de maniobra del Gobierno se reduce considerablemente. La gestión migratoria, lejos de ser una cuestión humanitaria compartida, se ha convertido en un nuevo campo de batalla político que podría tener consecuencias estructurales para el modelo de Estado.

La falta de consenso, la creciente tensión entre autonomías, y la sensación de trato desigual entre territorios amenaza con erosionar el principio de solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución. El desenlace de esta crisis podrá ser clave para entender no solo el futuro de la legislatura, sino el del modelo autonómico en su conjunto.