Javier Hurtado Puerta, al frente del Departamento de Inspección de Hacienda junto a su equipo, dedicó cinco meses recopilando información sobre el caso PSOE, que incluía los negocios de la empresa Soluciones de Gestión desde 2020 y las actividades supuestamente delictivas relacionadas con esta y el líder de la trama, Víctor de Aldama. Posteriormente, este conjunto de datos fue enviado al Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, apenas tres días después de esta remisión, su cese fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, según reportes de Cope y TRECE.

De acuerdo con las informaciones disponibles, esta destitución ocurrió específicamente el 5 de febrero, en un lapso muy breve tras la entrega de la documentación a la Audiencia Nacional.

En el documento revelado por la cadena Cope, se destaca que Hurtado advirtió sobre "la posible existencia de cuota defraudada (...) en el ejercicio fiscal 2020" por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., así como de Víctor de Aldama, dos figuras centrales en el caso que implica a varios nombres clave del Gobierno.

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, atribuye directamente la destitución de Hurtado a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, argumentando que "no hay inspector de Hacienda que, conociendo la gravedad de lo que conoció, se lo guarde en un cajón". Ruiz-Jarabo opina que la destitución días después de la entrega del informe al juzgado "pone de manifiesto que quien lo cesa no le gusta que se haya colaborado con la Justicia".

Según el informe obtenido por TRECE, todas las administraciones involucradas en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión pertenecen al PSOE: Canarias y Baleares, además del Ministerio de Interior, Puertos del Estado, Adif y Air Europa.

La diligencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda está siendo cuestionada por su papel en el inicio de la trama. Esta misma semana, tres senadores del PP interrogaron a Montero sobre el caso durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, señalando que la vicepresidenta y ministra de Hacienda no actuó al respecto y que el Ministerio no investigó las presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas.

Montero evadió las preguntas alegando que "los contratos fueron legales y los procedimientos correctos" y ha afirmado que "es evidente que una persona se ha aprovechado de la relación de confianza para su beneficio propio en el peor momento de la pandemia".