Moncloa prepara transferencias a Cataluña y País Vasco como vía para sostener la legislatura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, maniobra en dos frentes a la vez: mientras intenta controlar la crisis abierta por el rechazo en el Congreso al decreto del escudo social que incluía la subida de las pensiones, acelera discretamente la cesión de nuevas competencias a Cataluña y al País Vasco, como parte de una estrategia para recomponer su mayoría parlamentaria y garantizar la estabilidad de su mandato hasta el final de la legislatura, en 2027.
En Moncloa reconocen que esta legislatura ya no puede sostenerse con grandes pactos estables, sino con una sucesión de acuerdos parciales y cesiones estratégicas. El objetivo, dicen fuentes del Ejecutivo, no es construir mayorías sólidas, sino ganar tiempo político, mes a mes, decreto a decreto, con la mirada puesta en resistir hasta las próximas elecciones generales.
La derrota parlamentaria del pasado martes, que tumbó el decreto de pensiones con los votos del PP, Junts y Vox, lejos de alterar esta hoja de ruta, la ha reforzado. En el Ejecutivo no se contempla que los pensionistas dejen de cobrar la revalorización prometida en febrero, por lo que el Gobierno ya trabaja en reformular la norma y volver a presentarla, con mínimos ajustes, para evitar una crisis social de mayor calado.
Mientras tanto, Sánchez centra sus esfuerzos en el terreno territorial, donde aún conserva margen de maniobra. Con el País Vasco, las conversaciones avanzan sin fricciones. Esta semana, el presidente y el lehendakari Imanol Pradales pactaron en Moncloa un nuevo paquete de transferencias que incluye, entre otras materias, la gestión de los aeropuertos vascos y competencias en inmigración. El acuerdo se cerrará antes de Semana Santa, y busca consolidar la alianza con el PNV, dejando claro que el Gobierno cumple con lo prometido.
En el caso de Cataluña, el panorama es más incierto. La relación con Junts atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la legislatura, pero el Ejecutivo apuesta por reconstruir la confianza a través de hechos consumados. Un elemento clave en esa operación ha sido el acuerdo con Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, que elimina uno de los principales obstáculos que bloqueaban el traspaso de la competencia de inmigración a la Generalitat.
Según fuentes de Moncloa, este proyecto volverá al Congreso en las próximas semanas, con modificaciones cosméticas, como la eliminación de referencias polémicas en la exposición de motivos. El Gobierno confía en que esta vez obtendrá el respaldo necesario, lo que permitirá desbloquear la transferencia.
Además, Moncloa suma otros gestos orientados a recuperar el diálogo con Junts: la publicación de las balanzas fiscales, el impulso al reconocimiento del catalán en la Unión Europea y la presencia institucional de Cataluña en organismos internacionales son parte de una estrategia que busca reconstruir una lógica de intercambio político con el independentismo catalán, aunque en público sus dirigentes insistan en que "no hay negociación".
El contraste con el PP es intencionado. En el Gobierno se da por cerrada cualquier vía de acuerdo estructural con los populares, incluso para medidas puntuales como un decreto exclusivo de pensiones. Según fuentes del entorno de Sánchez, ese tipo de pactos tendría un coste interno inasumible para la frágil mayoría progresista. Por ello, la vía elegida es la de continuar con el paquete territorial como pegamento de una coalición cada vez más frágil y diversa.
Esta ya es una legislatura de gestión defensiva, admiten en Moncloa. Sánchez no gobierna para ampliar su proyecto político, sino para evitar su derrumbe. Las cesiones a Cataluña y al País Vasco no son un gesto gratuito ni una concesión ideológica: son el precio para ganar tiempo, sostener su mayoría, y llegar con oxígeno a las elecciones de 2027.