Junts lanza un ultimátum a Sánchez: si Puigdemont no vuelve, no hay legislatura
El partido independentista catalán exige avances inmediatos en los acuerdos de investidura ante la posibilidad de que el Alto Tribunal deje sin efecto la aplicación de la ley a los líderes del 'procés'
Junts per Catalunya ha reactivado su estrategia de presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de unas declaraciones recientes del magistrado Pablo Llarena, quien advirtió que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para decidir sobre la aplicación de la ley de amnistía, algo que corresponde al Tribunal Supremo.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, esta afirmación ha causado un profundo malestar en el entorno de Carles Puigdemont, que teme que la amnistía no se aplique finalmente al expresidente catalán por el delito de malversación, uno de los puntos clave del acuerdo político que facilitó la investidura de Sánchez.
Nuevo ultimátum: plazo hasta finales de mayo
Junts ha trasladado al Gobierno que tiene hasta finales de mayo para cumplir con los compromisos del “acuerdo de Bruselas”, firmado en noviembre de 2023. Entre las exigencias se encuentran no solo la plena aplicación de la ley de amnistía, sino también el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea y la culminación de traspasos de competencias, como la de inmigración.
“Nadie quiere romper del todo con los socialistas, pero necesitamos saber cómo va a volver Puigdemont y qué se puede hacer si el Supremo bloquea la ley”, afirman fuentes del entorno posconvergente citadas por este medio.
Llarena y el límite del TC
El origen de esta nueva ofensiva de Junts se encuentra en unas palabras pronunciadas por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés', durante una conferencia en Granada. Llarena sostuvo que el TC solo debe valorar la constitucionalidad de la ley de amnistía, pero no tiene competencias para decidir su aplicación concreta a los condenados o procesados, una tarea que —recordó— corresponde al Tribunal Supremo y a los jueces ordinarios.
“Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica, eso no le toca al Constitucional”, declaró Llarena. Además, aseguró tener el “convencimiento personal” de que los recursos de amparo presentados por las defensas de los líderes independentistas no prosperarán.
Junts, entre el enfado y la estrategia
Las palabras del magistrado no han hecho más que confirmar lo que varios juristas ya habían advertido a Junts: que la ley de amnistía puede ser avalada por el Constitucional, pero limitada en su ejecución por el Supremo.
Este escenario ha reactivado las alarmas en el partido de Puigdemont, que busca ahora forzar al Gobierno a blindar políticamente la aplicación de la ley. Fuentes del partido consultadas por THE OBJECTIVE no ocultan su preocupación y consideran que el PSOE debe actuar de inmediato para impedir que el Supremo desactive la amnistía de facto.
El papel de Conde-Pumpido
Según avanzó este diario, el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, tiene previsto respaldar la ley de amnistía e incluso ampliar su alcance al delito de malversación, beneficiando así a Puigdemont y otros dirigentes catalanes.
Sin embargo, en Junts ahora temen que este respaldo legal no sea suficiente, si el Supremo opta por mantener las órdenes de detención o decidir que el delito de malversación no es amnistiable en casos de mal uso de fondos públicos con ánimo de lucro, como han sostenido algunos magistrados.
Trasfondo político: avisos y concesiones
Este nuevo ultimátum se produce tras semanas de tensión contenida. En el pasado, Junts ya amagó con exigir una cuestión de confianza a Sánchez, aunque la retiró tras gestiones del mediador y ciertos avances en materia de competencias, como la parcial transferencia de inmigración a la Generalitat.
Ahora, según fuentes de la formación, la paciencia se agota. Se ha trasladado al Gobierno que, de no cumplirse los compromisos pactados antes del verano, Junts se replanteará su apoyo parlamentario, clave para sostener la legislatura.
En el horizonte, las elecciones catalanas
Este pulso tiene también una dimensión electoral. Con las elecciones catalanas previstas para 2025, Puigdemont busca garantizar su regreso a España sin riesgo jurídico para poder competir en igualdad de condiciones. Si el Supremo frena la amnistía, ese regreso se frustraría y complicaría aún más las relaciones con el Ejecutivo central.
Por ahora, Moncloa guarda silencio. El Gobierno confía en que el TC avale la ley y en que los jueces del Supremo actúen con “respeto institucional”. Pero, como advierte un dirigente de Junts:
“Si Puigdemont no puede volver, no habrá estabilidad. Y sin estabilidad, no hay legislatura que aguante”.