La investigación sobre Ferraz se expande y amenaza con ampliar el número de imputados
La investigación ya no es periférica, es estructural. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco sobre el denominado Comando Ferraz, una expresión que empieza a adquirir peso real en los sumarios y que apunta directamente al corazón organizativo del PSOE, según publica VozPopuli.
En el centro de la escena aparece Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, sobre quien la UCO elabora un informe patrimonial clave. Los investigadores analizan si su patrimonio experimentó incrementos anómalos durante los años en los que se le sitúa como pieza relevante en presuntos amaños de contratos públicos. El juez Ismael Moreno ya ha dejado por escrito que dicho informe será incorporado a la causa en un plazo muy breve.
En paralelo, los agentes trabajan en el primer gran atestado sobre las adjudicaciones bajo sospecha en el entorno de la SEPI, una línea de investigación que desborda el perímetro inicial de cinco operaciones y que amenaza con ampliar tanto las cifras como el número de investigados. El análisis del material incautado a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, integrante del grupo Hirurok, está revelando nuevos indicios documentales y digitales.
La causa permanece bajo secreto de sumario, y el juez ha decidido prorrogar un mes más el blindaje sobre los dispositivos intervenidos a Leire Díez, consciente de que su contenido puede alterar de forma sustancial el alcance del procedimiento. Fuentes judiciales reconocen que el volumen de información es ingente y que su estudio no ha hecho más que empezar.
El movimiento del Tribunal Supremo, que ha remitido a la Audiencia Nacional la investigación por presuntos amaños de obra pública tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado, marca un punto de inflexión procesal. Sin aforamiento, la instrucción gana velocidad y se integra en una causa de mayor recorrido y mayor impacto político.
Mientras tanto, Leire Díez suma frentes judiciales. Está imputada en Madrid en la causa conocida como las cloacas del PSOE, relacionada con audios, reuniones y contactos internos vinculados a la sede de Ferraz. Aunque ella y Cerdán han negado cualquier relación laboral o jerárquica, las comunicaciones previas acreditadas por los investigadores contradicen esa versión.
El propio Cerdán aseguró ante el juez que apenas conocía a Díez, pero mensajes y conversaciones previas revelan un contacto fluido anterior a las reuniones oficiales, un elemento que ahora deberá ser valorado judicialmente para determinar si existió coordinación, encargo o dependencia política.
En el Gobierno, el clima es de máxima tensión contenida. No hay explicaciones públicas, no hay cortafuegos claros y no hay margen para el error. La investigación avanza lejos del foco mediático, pero cada paso de la UCO estrecha más el margen de maniobra.
El Comando Ferraz ha dejado de ser un concepto político para convertirse en una hipótesis judicial en construcción. Y cuando eso ocurre, la agenda ya no la marca el partido, sino los tribunales.