El informe que divide a los abogados del Estado en el 'caso Begoña'
El sumario del llamado «caso Begoña Gómez» ha desatado una seria división interna entre los abogados del Estado, generando tensiones en el seno del colectivo por su implicación en la investigación que afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según publica Voz Populi.
La causa, instruida por el juez Juan Carlos Peinado, investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos relacionados con las actividades de Begoña Gómez, en especial su participación en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
La controversia jurídica que ha provocado este cisma no se debe a la representación procesal del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre —hasta ayer imputado por malversación—, sino a un informe técnico enviado al magistrado por la Asociación Española de Abogados del Estado sobre los pliegos de contratación que firmó Gómez en su calidad de codirectora de la mencionada cátedra.
Un informe técnico con consecuencias políticas y jurídicas
El 18 de noviembre, el juez Peinado solicitó un informe detallado sobre los requisitos legales exigidos para la redacción de pliegos en procesos de contratación pública. El objetivo era esclarecer si la firma de dichos documentos por parte de Begoña Gómez, sin contar con una titulación académica específica, podría constituir un delito de intrusismo profesional.
La Asociación respondió al juzgado explicando que, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, «no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado», ni se exige una titulación concreta para ello. Añadieron, además, que «tampoco se prevé que el órgano de contratación redacte él mismo estos documentos», lo que en la práctica exculparía a Gómez de ese posible delito.
Sin embargo, esta actuación ha generado un profundo malestar en parte del colectivo de abogados del Estado. Según varios juristas consultados, la Asociación no debía haber emitido informe alguno, ya que, al haber un abogado del Estado personado en la causa (en representación de un imputado), se produciría un evidente conflicto de intereses.
Críticas desde dentro del propio colectivo
La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, presidida por Francisco Espinosa Fernández, publicó un comunicado muy crítico desmarcándose del contenido del informe enviado al juzgado. En su posicionamiento, esta asociación recalca que «no es competencia de una asociación profesional emitir dictámenes jurídicos a petición de órganos judiciales», menos aún cuando existe un órgano consultivo oficial para ello, como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Además, denunciaron que la Asociación Española de Abogados del Estado incurrió en una contradicción al negar haber emitido informe alguno al tiempo que afirmaba haber enviado información técnica al juzgado, lo que, de facto, constituía un informe jurídico.
«Resulta evidente que sí emitieron el informe solicitado», denunciaron en el comunicado. Y advirtieron que este proceder puede dejar a muchos abogados del Estado «legítimamente incómodos», al atribuirse al colectivo una actuación irregular y anómala, con implicaciones reputacionales y jurídicas.
Una grieta institucional en pleno escándalo político
El malestar en el cuerpo jurídico del Estado llega en un momento de máxima tensión política, con la figura del presidente Sánchez cercada por múltiples escándalos que afectan a su entorno más cercano, incluyendo a su mujer, su hermano y varios exministros socialistas.
La defensa de Begoña Gómez, dirigida por el exministro del Interior Antonio Camacho, sostiene que actuó siguiendo instrucciones de la Complutense y que su participación en los pliegos no implicaba ejercicio de funciones para las que no estuviera habilitada.
No obstante, el escrito remitido por la Asociación —aunque presentado como una mera aclaración legal— ha reabierto el debate sobre el uso partidista de instituciones del Estado en casos con implicaciones políticas. Y ha puesto de manifiesto que ni siquiera en los estamentos jurídicos más institucionales existe ya una posición unificada sobre cómo abordar este asunto.
Desde distintos sectores de la judicatura y del ámbito jurídico-administrativo se espera que esta fisura interna no mine la independencia del colectivo, ni se traduzca en una instrumentalización de la Abogacía del Estado en beneficio de intereses partidistas. Por ahora, las explicaciones formales por parte de la Asociación que remitió el informe siguen pendientes.
