Illa paga su investidura imponiendo el catalán en empresas privadas
El pacto lingüístico de Illa y ERC impone el catalán como lengua habitual en el sector privado. Se anuncian inspecciones, subvenciones condicionadas y convenios solo en catalán
Lejos de moderar el modelo lingüístico excluyente heredado del independentismo, el Gobierno de Salvador Illa ha redoblado la presión contra el castellano en Cataluña. El recién presentado Pacto Nacional por la Lengua, dotado con 255 millones de euros, consagra un modelo de monolingüismo obligatorio, no solo en la educación pública, sino también en el ámbito laboral privado, lo que ha suscitado un amplio rechazo del constitucionalismo político y cívico.
Monolingüismo reforzado: catalán obligatorio en todos los ámbitos
Presentado este martes en el Institut d’Estudis Catalans, el plan lingüístico ha sido impulsado por Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, con el respaldo del PSC y ERC. La Generalitat pretende sumar 600.000 nuevos hablantes al catalán, reforzando su uso en la escuela, la administración, la empresa privada y el entorno social.
El documento reconoce como objetivo explícito la restauración del “estatus anterior a la llegada masiva de castellano-hablantes durante el franquismo”, al considerar que dicho fenómeno tuvo “efectos devastadores para el catalán”.
Se contempla, entre otras medidas, la “plena oficialidad” de la lengua catalana, que el Govern considera incompleta en la justicia, la administración del Estado y otros ámbitos constitucionales.
La educación, en el centro del blindaje
Uno de los pilares del pacto es el blindaje del catalán como única lengua vehicular en la escuela, en abierta contradicción con las sentencias judiciales que establecen al menos un 25% de clases en castellano.
El plan extiende la obligatoriedad del catalán a los patios, comedores y actividades extraescolares, lo que profundiza en la marginación del español y ha encendido las alertas de familias, asociaciones y juristas que defienden el modelo bilingüe constitucional, según publica VozPopuli.
La empresa privada, nuevo objetivo del intervencionismo lingüístico
Uno de los aspectos más polémicos es la intromisión en el ámbito empresarial privado. El Govern exigirá que el catalán sea lengua habitual en el trabajo, tanto en el sector público como en el privado.
Se establecerán subvenciones para empresas que adopten el catalán, inspecciones sobre su uso en entornos laborales y obligatoriedad de firmar convenios colectivos en esta lengua. Además, se incentivarán cursos de catalán entre desempleados, configurando una red de presión institucional financiada con fondos públicos.
Rechazo constitucionalista: “manual de imposición lingüística”
La respuesta de las entidades constitucionalistas ha sido inmediata y contundente. Impulso Ciudadano ha acusado al Govern de aplicar mecanismos de “coacción institucional” y presión social, denunciando una “estrategia de acoso lingüístico”.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana ha calificado el pacto de “pago político a ERC” por facilitar la investidura de Illa. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha rechazado frontalmente el plan, al que define como un “manual de imposición lingüística subvencionado con nuestros impuestos”. Su presidenta ha declarado que “ni lo admitiremos ni lo acataremos”.
Desde el ámbito político, el portavoz del Partido Popular en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado a Salvador Illa de abandonar el constitucionalismo y sumarse al autoritarismo lingüístico, señalando que el PSC “ha traicionado a millones de catalanes castellanohablantes”.