La Guardia Civil destapa una trama de compra de votos a favor del PSOE

La Guardia Civil ha documentado graves irregularidades en el voto por correo a favor del PSOE, según consta en un sumario judicial al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El caso, centrado en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe, apunta a un patrón de fraude sistemático que se habría repetido en otros puntos del país: Melilla, Murcia, Almería, Ciudad Real o Tenerife. En todos ellos, los investigadores detectan el mismo modus operandi: suplantaciones, coacciones a votantes vulnerables, promesas de contratos públicos y manipulación del proceso de voto postal.

Albaida del Aljarafe: Votos por contratos

El caso sevillano es uno de los más avanzados judicialmente. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, un trabajador municipal vinculado al PSOE ofreció a un vecino un contrato temporal a cambio de gestionar su voto por correo, tramitando incluso el proceso con su propio DNI. El informe policial también recoge el testimonio de una anciana —ya fallecida— cuya hija votó en su nombre, sin cumplir los requisitos legales de comparecencia presencial en Correos ni autorización notarial.

La Ley Electoral (Loreg) exige que el solicitante del voto por correo se identifique personalmente ante un empleado postal con su DNI original, sin intermediarios. No obstante, la Guardia Civil detectó múltiples casos en que este protocolo fue vulnerado.

Una denuncia de Izquierda Unida destapa la trama

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el coordinador local de Izquierda Unida, en la que se acusaba a militantes y cargos del PSOE de haber urdido una red de captación de votos a cambio de contratos municipales. En la denuncia se describen roles jerárquicos claramente definidos, desde el acceso al censo hasta la manipulación de papeletas.

Entre los implicados, figuran:

• A.C.L., concejal socialista, como responsable de seleccionar a beneficiarios de empleos públicos.

• B.D.A., esposo de la teniente de alcalde, encargado de llamar a votantes para exigirles el sufragio.

• A.G.D., empleado de Correos, presuntamente responsable del transporte de solicitudes y papeletas.

Más de 100 personas habrían cedido su documentación para que terceros tramitaran el voto por ellos. Muchas firmas fueron presuntamente falsificadas, señala el sumario en poder del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sanlúcar la Mayor, que investiga desde 2019 posibles delitos de fraude electoral, falsedad documental, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Un patrón extendido a nivel nacional

No es un caso aislado. Como detalla THE OBJECTIVE, en los comicios de 2023 se han abierto causas similares en varios territorios:

• Mojácar (Almería): Investigación contra militantes del PSOE por captar votos de inmigrantes irregulares.

• Albudeite (Murcia): Procesada la candidata socialista junto a 13 personas más.

• Melilla: Votos por 150 euros, viviendas VPO o empleos. Se triplicó el voto por correo respecto a 2019.

• La Gomera: La ASG de Casimiro Curbelo habría suplantado identidades desde ordenadores del Cabildo.

• Arona (Tenerife): Investigada una presunta compra de votos del PSOE, según denuncia de PP, CC y Más por Arona.

• Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real): Denuncia de coacción y compra de votos por entre 50 y 120 euros, según testigos.

En todos estos casos, los elementos comunes son la presión sobre votantes vulnerables, el uso de la red institucional y la connivencia de empleados públicos o de Correos.

Los investigadores subrayan que la estructura observada en varias de estas tramas supera lo meramente electoral, y podría encajar en delitos de organización criminal, dado el nivel de planificación, los beneficios obtenidos y la reiteración en distintos procesos electorales.