El Gobierno de Sánchez se tambalea entre presupuestos imposibles y sospechas de adelanto electoral

El inicio del curso político ha colocado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una encrucijada crítica: presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026 que parecen condenados al fracaso antes de nacer, o asumir el coste político de no hacerlo y enfrentar una legislatura al ralentí, con una mayoría parlamentaria cada vez más deshilachada.

Pese al mandato constitucional que exige presentar las cuentas públicas antes de que finalice septiembre, el Gobierno reconoce ya de forma interna que no habrá acuerdo con Podemos. Las exigencias del partido morado —entre ellas una drástica reducción del gasto en Defensa, una ley para rebajar los alquileres un 40% y la ruptura de relaciones con Israel— han sido calificadas como "inasumibles" por fuentes del Ejecutivo. En consecuencia, no existe mayoría suficiente para aprobar los presupuestos, y se da por hecho que se repetirá una nueva prórroga, como ya ocurriera en 2023 y 2024.

A pesar de ello, Moncloa insiste en presentar el proyecto presupuestario como un gesto político y no como una propuesta viable. El objetivo sería doble: aislar a Podemos y activar el juego parlamentario con otros socios, especialmente los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, que ya han empezado a elevar el precio de su apoyo.

La fractura con Podemos

Desde antes del verano no ha habido reuniones formales entre el PSOE y Podemos. En el entorno de Ione Belarra interpretan los movimientos del presidente como una "maniobra táctica" destinada a culpar a sus socios de una futura derrota presupuestaria, con vistas a justificar un eventual adelanto electoral en 2026. No sería, recuerdan, la primera vez: en 2019, Sánchez disolvió las Cortes tras la caída de sus cuentas por la negativa de Esquerra Republicana.

Belarra fue clara esta semana: "El PSOE está en una situación de enorme debilidad, con casos de corrupción muy graves, y no descarto que esté preparando una salida anticipada de la legislatura".

ERC y Junts: exigencias al alza

En este escenario, el Gobierno necesita apoyos entre los partidos nacionalistas. Pero tanto ERC como Junts han endurecido su discurso. Esquerra exige que se apruebe antes de final de año la condonación parcial de la deuda catalana, además de un sistema de financiación propio, similar al concierto vasco. Junts, por su parte, vincula su apoyo al reconocimiento del catalán en la UE, la cesión de competencias en inmigración y la aplicación íntegra de la ley de amnistía.

Ambas formaciones han advertido además que no apoyarán dos de las principales reformas del Ministerio de Justicia, impulsadas por Félix Bolaños. Moncloa, sin embargo, confía en que el escenario no desemboque en una moción de censura ni en una ruptura definitiva con el bloque de investidura.

La carta de la condonación autonómica

Ante esta situación, el Gobierno intenta reequilibrar el tablero ofreciendo una condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, inicialmente pactada con ERC y ahora extendida al conjunto de las comunidades autónomas. La medida favorecería especialmente a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. La idea: poner al PP en una posición incómoda si decide oponerse a un alivio financiero para sus territorios.

Sin embargo, esta baza tampoco garantiza apoyos. ERC ya ha advertido que la condonación no sustituye a la reforma del modelo de financiación. Junts, por su parte, insiste en que su lista de exigencias sigue sobre la mesa, inalterada.

Sin calendario, sin certezas

Ni el techo de gasto ni el proyecto de presupuestos tienen fecha oficial de aprobación. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue incapaz de ofrecer un calendario claro esta semana. "Iremos paso a paso, pantalla a pantalla", dijo en rueda de prensa, sin concretar si se convocará a los grupos para iniciar la negociación. Incluso se estudia la posibilidad de llevar Presupuestos y techo de gasto en una sola votación, aunque esto se considera poco probable.

Un otoño crucial

Los partidos que sostienen al Gobierno reconocen que la posibilidad de elecciones anticipadas en 2026 está cada vez más presente. Ninguno quiere reconocerlo en público, pero todos lo contemplan en sus cálculos internos.

La legislatura, además, se ve amenazada por la instrucción de varios casos de corrupción, como el caso Koldo, que sigue su curso en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con especial preocupación por las grabaciones incautadas por la UCO.

En resumen, los presupuestos de 2026 se han convertido en algo más que un instrumento económico: son el termómetro de la estabilidad política del Ejecutivo. Si fracasan, el margen de maniobra de Sánchez se reducirá drásticamente. Si logra aprobarlos, ganará tiempo y oxígeno. En cualquier caso, lo que está en juego no es sólo un documento contable, sino la supervivencia del propio Gobierno.