El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado una polémica modificación en la Ley de Amnistía, extendiendo su ámbito temporal hasta el año 2011. Esta modificación, resultado de un pacto con Junts, contempla la inclusión de la reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 entre los máximos dirigentes de la entonces Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), que marcó el inicio del llamado procés, el plan secesionista catalán.

Esta reunión, según las investigaciones, fue el punto de partida para una serie de acciones destinadas a encubrir diversas tramas de corrupción en las que estaban implicados miembros de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol, como el conocido 'caso 3%' o el 'caso ITV'. El acuerdo alcanzado por el Gobierno con Junts implica que los delitos relacionados con estos hechos también serán amnistiados, lo que beneficiará directamente a los Pujol.

La nueva enmienda acordada por los socialistas y sus socios separatistas amplía la cobertura de la amnistía, incluyendo los actos preparatorios del procés, como las reuniones mencionadas, ocurridas trece años antes de la modificación de la ley. Estas acciones, que involucraron a miembros destacados de la política catalana, tuvieron como objetivo desviar la atención de las tramas de corrupción y avanzar en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La Policía Nacional evitó que documentos comprometedores fueran destruidos por los Mossos d'Esquadra en una incineradora, incluyendo una nota que detallaba cómo el inicio del procés se basaba en el "Plan Independentista de CDC", diseñado para encubrir el cobro de comisiones y sobornos.

Esta decisión del Gobierno ha generado controversia, ya que amplía el alcance de la amnistía para beneficiar a los involucrados en actos delictivos de hace más de una década. Sin embargo, el PSOE defiende que esta medida es parte de un proceso de reconciliación y busca cerrar heridas del pasado.