La nueva ley de rectificación sanchista: «El Gobierno intenta silenciar informaciones críticas»
Expertos en Derecho Constitucional y asociaciones de periodistas expresan su preocupación por el proyecto de ley del Gobierno sobre el derecho de rectificación. La nueva norma permitirá incorporar juicios de valor y afectará tanto a medios como a usuarios relevantes en redes sociales.
Bolaños defiende la ley como escudo ante «mentiras e injerencias»
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó el texto aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Según explicó, el objetivo es adaptar el derecho de rectificación al «nuevo ecosistema» mediático, protegiendo a los ciudadanos de «injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras».
También afectará a redes sociales e influencers con gran audiencia
El proyecto de ley permitirá a los ciudadanos exigir rectificaciones no solo a medios de comunicación, sino también a usuarios con más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en varias. Esta extensión incluye a creadores de contenido que influyen en la opinión pública sin ser periodistas.
Críticas constitucionales: «Intentan silenciar lo que no les gusta»
Leopoldo Abad, profesor de Derecho Constitucional, denuncia que «si el Gobierno cree que lo publicado es falso, ya hay mecanismos legales». A su juicio, el Ejecutivo busca silenciar informaciones incómodas: «Intentan imponer su versión por ley».
¿Rectificar opiniones? Riesgo directo para la libertad de prensa
El texto incorpora una recomendación del Consejo General del Poder Judicial: permitir la rectificación también de opiniones o juicios de valor vinculados a hechos. Abad advierte que si los medios están obligados a rectificar información que consideran veraz, se vulnera su derecho a informar con independencia.
Preocupación por la calidad democrática del sistema
Para David Delgado, profesor de la UNED, aunque la norma se adapta a nuevos entornos digitales, «otorga al Gobierno el poder de decidir qué es veraz». Eso puede derivar en «una merma de la calidad democrática», y recuerda a prácticas habituales en regímenes donde el control del relato suple la separación de poderes.
Una ley con ecos de control ideológico y censura institucional
La nueva normativa recuerda a mecanismos propios de regímenes comunistas, donde las leyes sobre la información se usaban como herramientas de represión ideológica. La imposición de una verdad oficial por parte del poder político se opone al Estado de Derecho y a la libertad de expresión consagrada en la Constitución.
La FAPE acepta el texto, pero pide que no se confunda a periodistas con influencers
Miguel Ángel Noceda, presidente de la FAPE, defiende que los medios deben convivir con la rectificación, aunque señala que los influencers «no son periodistas». Asegura que el debate sobre la libertad de expresión no debe mezclarse con una regulación que simplemente se adapta a nuevos formatos.
Una medida más en la ofensiva contra medios y oposición
El proyecto llega en un momento marcado por las acusaciones de corrupción en el PSOE, los casos abiertos en torno al caso Begoña Gómez o el caso Koldo, y el desgaste institucional de Pedro Sánchez. Asociaciones y analistas temen que esta ley sume un nuevo frente de presión contra medios independientes.