Contratación pública

El Gobierno de Sánchez dispara los contratos a dedo y bate todos los récords

El Gobierno ha disparado el uso del procedimiento negociado sin publicidad, un sistema que permite adjudicar contratos directamente a empresas invitadas por la administración
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP

El Gobierno de España adjudicó durante 2025 más de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor volumen registrado hasta ahora mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon).

En total, el Estado formalizó 23.116 millones de euros en contratos sin licitación abierta, un sistema que permite adjudicar contratos públicos sin convocar un concurso al que puedan presentarse todas las empresas interesadas, según publica The Objective.

Este volumen convierte a 2025 en el año con mayor importe adjudicado por esta vía en España, elevando además el total acumulado desde 2021 hasta 36.727 millones de euros en contratos formalizados mediante este procedimiento.

Más de 15.700 contratos sin licitación desde 2021

Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado ha formalizado 15.721 contratos o lotes mediante negociado sin publicidad, con un importe global superior a 36.700 millones de euros.

La cifra refleja que estas adjudicaciones no corresponden únicamente a contratos de pequeña cuantía. De hecho, el importe medio supera los 2,3 millones de euros por contrato, lo que evidencia el peso económico de este tipo de procedimientos dentro del gasto público estatal.

En ese mismo periodo, el conjunto de la contratación pública estatal ha superado los 190.000 millones de euros, por lo que las adjudicaciones mediante negociado sin publicidad representan cerca del 20% del total.

Qué son los contratos por negociado sin publicidad

El procedimiento negociado sin publicidad permite a la administración contratar directamente con determinadas empresas sin convocar un concurso público abierto.

En lugar de publicar una licitación a la que puedan concurrir todos los operadores económicos interesados, la administración invita a empresas concretas y negocia con ellas las condiciones del contrato.

Aunque se trata de un mecanismo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, su uso suele generar debate porque reduce el nivel de competencia respecto a los procedimientos abiertos.

El aumento de 2025 impulsa la serie histórica

Los datos del panel estadístico de Oirescon muestran que más del 60% del dinero adjudicado mediante este sistema desde 2021 se concentra en 2025, lo que explica el fuerte incremento del volumen total.

El crecimiento se observa especialmente en el último trimestre del año, cuando se registra el mayor pico trimestral de toda la serie disponible.

Entre los factores que han influido en este aumento destacan las compras de armamento realizadas por el Ministerio de Defensa, que han tenido un impacto significativo en el volumen total adjudicado mediante este procedimiento.

Las cifras no incluyen los contratos menores

Los datos analizados no incluyen los contratos menores, otra modalidad de contratación directa que está limitada por ley a importes reducidos y que sigue un procedimiento distinto.

Los organismos de supervisión utilizan el volumen de adjudicaciones sin convocatoria pública como indicador del grado de competencia en la contratación pública.

Cuando los contratos se adjudican mediante negociación directa, la concurrencia empresarial queda limitada a las empresas invitadas por la administración, lo que reduce la presión competitiva sobre el precio final.

Advertencias de organismos europeos

La Comisión Europea analiza este fenómeno dentro de su cuadro de indicadores del mercado interior, que distingue entre procedimientos competitivos y adjudicaciones directas sin publicidad.

Las instituciones europeas subrayan que la competencia es un elemento clave para garantizar el llamado “value for money”, es decir, que el sector público obtenga el mejor precio posible por los bienes y servicios que contrata.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido en distintos informes de que la falta de competencia en la contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto público.

La legislación española establece que el procedimiento negociado sin publicidad debe utilizarse de forma excepcional, por ejemplo cuando solo existe un proveedor capaz de ejecutar el contrato, en situaciones de urgencia o cuando las características técnicas limitan la competencia.

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