La estrategia electoral del Gobierno con las pensiones fracasa en el Congreso

El Gobierno ha terminado cayendo en su propia trampa política al utilizar la subida de las pensiones como arma electoral contra el PP en plena campaña de las elecciones en Aragón. La estrategia, diseñada para desgastar a la oposición en una comunidad con cerca de 300.000 pensionistas, se ha vuelto en contra del Ejecutivo tras la caída del decreto ómnibus en el Congreso, dejando al presidente, Pedro Sánchez, atrapado en un auténtico nudo gordiano político y parlamentario, según publica El Debate.

El pasado martes, el Pleno del Congreso derogó el real decreto ley que incluía la revalorización de las pensiones al 2,7 %, la subida de las pensiones mínimas y la prórroga de la prohibición de desahucios para colectivos vulnerables. El texto fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, una derrota que el Ejecutivo había previsto, pero que subestimó en sus consecuencias políticas y sociales.

La decisión de Sánchez de volver a empaquetar medidas de amplio consenso en un solo decreto —un totum revolutum legislativo— reeditó un error ya cometido el año anterior. Aun así, el Gobierno retrasó conscientemente la votación hasta el 27 de enero, coincidiendo con la recta final de la campaña aragonesa, con la intención de utilizar el rechazo del PP como argumento electoral frente al presidente autonómico, Jorge Azcón.

Sin embargo, la derogación del decreto provocó una inmediata zozobra entre los pensionistas, que vieron peligrar la actualización de sus prestaciones. Esa inquietud social aceleró las prisas en Moncloa para resolver el problema antes del domingo electoral, forzando una negociación contrarreloj con los socios parlamentarios.

Este martes se celebra Consejo de Ministros, teóricamente el último antes de los comicios, y el Ejecutivo aún no ha aclarado si llevará un decreto exclusivo sobre pensiones o si aplazará la medida por falta de apoyos. En la Moncloa reconocen que hay “varios escenarios abiertos”, aunque ya dan por hecho que el decreto será troceado.

La negociación se ha complicado especialmente por la posición de Junts, cuyo apoyo resulta imprescindible. El partido de Carles Puigdemont exige mayores garantías para los pequeños propietarios afectados por la prohibición de desahucios, recordando que promesas similares del Gobierno el año pasado —como una línea de avales públicos— nunca llegaron a funcionar.

A esta presión se ha sumado el PNV, que ha advertido de que no apoyará un nuevo decreto ómnibus si no se corrige lo que considera una “doble vulnerabilidad”: la de las familias vulnerables y la de los pequeños caseros obligados a asumir una responsabilidad que, según los nacionalistas vascos, corresponde a las administraciones públicas.

Mientras tanto, Sánchez se marchó este lunes a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos, dejando la negociación en manos del ministro Félix Bolaños. Un movimiento incómodo para el presidente, que prefiere cerrar acuerdos en territorio nacional, pero que evidencia la urgencia por desbloquear la situación.

El propio Sánchez reconoció implícitamente el impacto de la crisis en un mitin en Teruel, donde aseguró que las pensiones “se revalorizarán sí o sí, con o sin el PP”. Una afirmación dirigida a calmar a los jubilados, pero que refleja la magnitud del problema político generado.

Finalmente, incluso Sumar se ha abierto por primera vez a dividir el decreto en dos textos distintos: uno centrado exclusivamente en las pensiones y otro en el llamado escudo social, siempre que ambos se aprueben simultáneamente y se mantenga la protección frente a los desahucios.

Así, el Gobierno afronta una semana decisiva, atrapado en el nudo gordiano que él mismo ató, con el reloj electoral en marcha y la credibilidad en juego ante millones de pensionistas.