¿Dinero público sin rastro? Así se mueve el efectivo en los despachos ministeriales
El Ejecutivo ha reconocido que el Estado sigue realizando pagos en efectivo dentro de sus ministerios mediante un sistema de cajas internas que se remonta a normativas de finales de los años ochenta. Esta práctica, aunque legal, carece de trazabilidad bancaria, dificulta la supervisión externa y plantea serios problemas de transparencia y control del gasto público.
Uno de los casos más reveladores afecta al Ministerio de Transportes, que entre 2018 y 2024 movió al menos 402.749 euros en metálico a través de su Caja Pagadora Central, sin contar otras cajas del propio departamento, también autorizadas a operar con efectivo pero cuyo volumen no ha sido detallado.
Durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro (2018-2021), esta caja gestionó 221.777 euros, concentrándose el mayor importe —74.989 euros— en 2021, su último año al frente del ministerio. La tendencia marca un repunte claro en ese ejercicio, rompiendo con los niveles anteriores, que oscilaban en torno a los 50.000 euros anuales.
La cifra conocida, lejos de reflejar el total, solo cubre una de las varias cajas existentes en el departamento, cuyo número y montos gestionados no han sido divulgados por el Gobierno pese a las solicitudes parlamentarias. La respuesta, ofrecida tras una pregunta de Vox, deja en evidencia la existencia de un sistema asentado de pagos en efectivo, amparado en el régimen de anticipos de caja fija, regulado desde hace más de tres décadas.
Un sistema opaco bajo investigación
Aunque formalmente legal, el uso de este sistema interno reduce la trazabilidad de los fondos públicos y desplaza la fiscalización al ámbito interno del ministerio. Los pagos, destinados a cubrir gastos menores, viajes, atenciones protocolarias o imprevistos, pueden ser percibidos por altos cargos, asesores y funcionarios acreditados, que deben justificar el gasto con recibís o facturas.
La falta de visibilidad y control consolidado sobre estos fondos ha cobrado especial relevancia tras el estallido del caso Koldo, que investiga precisamente el uso de circuitos informales de dinero durante la etapa de Ábalos. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada secreta para seguir la pista a estos pagos en efectivo.
Aunque no existen pruebas directas de que estos anticipos se hayan empleado para fines ilícitos, la coexistencia de múltiples cajas con capacidad para mover cantidades importantes de metálico sin alertas automáticas bancarias permite comprender cómo podrían haberse realizado pagos sin control efectivo.
Contradicción política
La controversia se intensificó cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció públicamente que «en los ministerios se está pagando en efectivo, aunque no sea estético». Sus palabras reflejan la normalización de esta práctica en la administración central, en un contexto en el que el propio Gobierno ha limitado severamente el uso del metálico en el sector privado.
Aún más llamativo resulta el dato de que la prohibición de pagos en efectivo por encima de mil euros, impulsada por Pedro Sánchez, se anunció el mismo día en que cesó a Ábalos, lo que para algunos actores políticos sugiere una reacción interna al creciente riesgo reputacional.