Menos de dos años y medio después de aquel polémico nombramiento, dice adiós al cargo por motivos de salud, con problemas en la columna vertebral que la llevaron al quirófano hace tres meses.

El grueso de su carrera ha estado dedicado a la Fiscalía, con 25 años de concienzudo trabajo en la Audiencia Nacional especializada primero en la lucha contra el narcotráfico y más tarde contra el terrorismo yihadista.

Delgado (Madrid, 1962) llegó en junio de 2018 al Ejecutivo de Pedro Sánchez como uno de sus flamantes fichajes independientes, pero en 19 meses como ministra de Justicia comprobó de primera mano la dureza de política.

Pronto quedó marcada por la difusión de unos audios grabados por el excomisario José Villarejo durante una comida que compartió con el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, su actual pareja, y otros comisarios.

Y aunque se declaró víctima de una conspiración y el contenido de la grabación no tuvo ningún recorrido judicial, aquellos audios mancharon su imagen al revelar comentarios ofensivos contra compañeros de la Audiencia ("maricón", en el caso de Fernando Grande-Marlaska) y la convirtieron en la diana de la oposición.

A pesar de la presión de Podemos, Sánchez la mantuvo en el Gobierno, pero Delgado no pudo ver realizados sus principales proyectos, como la reforma integral de la ley de memoria histórica, reducida en su etapa a la exhumación de Franco, o una nueva tipificación de los delitos sexuales, que justo hoy se aprueba en el Senado.

El mandado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducó con ella en el Ministerio y, a pesar del acoso público del PP, llegó a acariciar un acuerdo con el principal partido de la oposición que saltó por los aires por un wasap del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por "detrás".

Tres años y medio después, la renovación sigue bloqueada.

Delgado fue reprobada dos veces en el Congreso y una en el Senado a iniciativa del PP, fundamentalmente por el "procés".

Primero le acusó de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que los independentistas presentaron contra él en Bélgica y luego por la posición de la Abogacía del Estado ante el juicio, que optó por acusar a los procesados de sedición, delito por el que finalmente fueron condenados.

Sánchez volvió a confiar en ella y la situó en lugares destacados en las listas del PSOE en las elecciones generales celebradas en abril y en noviembre de 2019, pero el puesto que tenía reservado para ella ya no era en el Gobierno, sino al frente de la Fiscalía.

Si su etapa como ministra de Justicia estuvo rodeada de controversias, su llegada a la Fiscalía General del Estado en febrero de 2020 no fue menos polémica.

La decisión del Gobierno despertó las críticas de buena parte de la carrera fiscal y judicial, que creían que su nombramiento ponían en tela de juicio la imagen de independencia de la Fiscalía al proceder directamente de la política.

Durante su etapa, la Fiscalía ha albergado sonadas investigaciones, como las tres diligencias abiertas al rey emérito -cerradas en marzo-, o la investigación en relación con la invasión de Ucrania que Delgado encomendó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

También ha impulsado la investigación de las denuncias por abusos sexuales a menores cometidas por religiosos y recientemente encargó esclarecer las muertes de decenas de inmigrantes al intentar saltar la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio.

Una labor que, sin embargo, se ha visto empañada por constantes críticas de una parte de la carrera, preocupada por que se abstuviese en los asuntos que afectaban al Gobierno y que lleva tiempo cuestionando su política de nombramientos -hace unas semanas más de cien fiscales le reprocharon el cese del fiscal adjunto de Menores-.

Como ocurrió en su etapa de ministra, Delgado ha tenido que enfrentarse a peticiones de dimisión de asociaciones como la Asociación de Fiscales (AF), conservadora y mayoritaria, por su actuación en la investigación (ya cerrada) de quien fuese fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que acabó quedándose fuera de Anticorrupción.

En el tramo final de su mandato al frente de la institución, ha visto cómo la que fuese su asociación (UPF) perdía apoyos en el Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general del Estado que decidirá sobre plazas clave y que cuenta ahora con una mayoría conservadora de vocales de la AF.