Buruaga: «Este Gobierno ha hecho más en 18 meses que todos los anteriores en 18 años»

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido este miércoles en el Parlamento autonómico la ampliación del Plan Singular de Interés Regional (PSIR), enmarcada dentro de la Ley de Simplificación Administrativa. Durante su intervención, destacó que la reforma busca impulsar la economía, mejorar la planificación territorial y facilitar el acceso a la vivienda, al tiempo que rechazó las críticas de la oposición sobre los posibles efectos negativos de la medida.

Según la presidenta, el PSIR es una herramienta esencial para el desarrollo de infraestructuras y vivienda, permitiendo abordar tres grandes objetivos:

• Desarrollar equipamientos de interés regional sin generar costes adicionales para los ciudadanos.
• Facilitar la construcción de viviendas protegidas destinadas a personas con dificultades de acceso a la vivienda.
• Promover la edificación de viviendas libres para responder a la creciente demanda en Cantabria.

Buruaga recordó que, desde la creación del PSIR, no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial bajo este modelo, lo que a su juicio demuestra la necesidad de introducir cambios que permitan una gestión más eficiente y efectiva. «No podemos mantener un instrumento que lleva 20 años sin cumplir su función. O lo reformamos o lo condenamos a la inoperancia», afirmó.

Responde a la oposición y niega perjuicios para los ayuntamientos

La presidenta cántabra también rechazó las críticas de los grupos de la oposición, a quienes acusó de generar «falsa alarma» sobre la reforma del PSIR. Según explicó, la modificación no está diseñada para beneficiar a intereses privados, sino para favorecer el desarrollo territorial y garantizar el acceso a la vivienda.

En este sentido, aseguró que al menos el 30% de las viviendas que se construyan dentro de estos proyectos estarán destinadas a protección oficial, garantizando su acceso a las familias con menos recursos.

Buruaga también abordó las dudas planteadas sobre el posible impacto de la reforma en la financiación de los ayuntamientos, asegurando que la ley no supondrá una pérdida de ingresos municipales. Al contrario, sostuvo que la simplificación de trámites y la agilización de licencias permitirá dinamizar el sector de la construcción y atraer inversión, lo que beneficiará a la economía local.

«Los ayuntamientos no van a perder ni un solo recurso. Lo que sí van a ganar es mayor claridad, más agilidad y menos burocracia para que los proyectos puedan salir adelante con garantías», defendió la presidenta.

En cuanto a la gestión del suelo, la presidenta desmintió que la reforma vaya a provocar una urbanización masiva en terrenos rústicos, afirmando que los proyectos se desarrollarán dentro de los criterios de ordenación territorial y sostenibilidad ambiental. «Es falso que vayamos a llenar Cantabria de cemento. Nuestro compromiso con el medio ambiente y el equilibrio territorial es firme», sentenció.

Apuesta por la colaboración público-privada

Uno de los aspectos clave de la reforma del PSIR es la introducción de mecanismos de colaboración público-privada para facilitar la ejecución de proyectos. Según Buruaga, esta medida permitirá aumentar la inversión en vivienda y en infraestructuras estratégicas sin que ello implique un mayor gasto para la administración.

«Las administraciones no pueden hacerlo todo solas. Tenemos que aprovechar la inversión privada para poner en marcha proyectos que beneficien a los ciudadanos y generen oportunidades», defendió.

Asimismo, destacó que la norma establece que un proyecto PSIR solo podrá impulsarse si al menos el 50% de los propietarios de los terrenos afectados está de acuerdo, lo que en su opinión garantiza la protección de los derechos de los propietarios.

Balance de la simplificación administrativa: «Más cambios en 18 meses que en 18 años»

Más allá del PSIR, Buruaga aprovechó su intervención para hacer un balance de los avances en simplificación administrativa desde el inicio de la legislatura. En este sentido, afirmó que su Gobierno ha logrado en 18 meses más avances en este ámbito que en las dos últimas décadas, con medidas que buscan reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la administración.

Entre las iniciativas destacadas, mencionó:

• Eliminación de la obligatoriedad de cita previa en numerosos trámites administrativos.
• Modificación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para agilizar la tramitación de proyectos.
• Introducción de la declaración responsable en distintos sectores para facilitar la actividad económica.
• Aprobación de más de una docena de decretos para mejorar la regulación en ámbitos como el transporte, la vivienda y la protección de familias numerosas.

Buruaga destacó que el silencio administrativo positivo permitirá que en un plazo de seis meses todos los procedimientos sin respuesta se consideren aprobados, reduciendo plazos y facilitando la actividad empresarial. «Hemos acabado con la administración del ‘no por defecto’. Ahora el ciudadano ya no tendrá que esperar eternamente para obtener una respuesta», afirmó.

Finalmente, la presidenta concluyó su discurso con un mensaje de determinación: «No hemos venido a perder el tiempo. Hemos venido a cambiar las cosas y lo estamos haciendo».