Los aliados vuelven a desmarcarse y Sánchez encaja otro golpe político
El PSOE ha decidido retirar “por ahora” su propuesta de incentivos fiscales del 100% a propietarios que mantuvieran el precio del alquiler, tras el rechazo frontal de sus socios parlamentarios. La medida, que buscaba aliviar la tensión en el mercado de la vivienda en España, no ha contado con el respaldo de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu ni BNG, evidenciando una nueva fractura en el bloque de investidura de Pedro Sánchez.
La iniciativa socialista planteaba deducciones fiscales totales para aquellos caseros que no subieran las rentas, en paralelo a la negociación para salvar la revalorización de las pensiones y remodelar el llamado escudo social. Sin embargo, la propuesta fue interpretada por la izquierda como una cesión ideológica en pleno debate sobre el acceso a la vivienda y la moratoria de desahucios.
Choque en el bloque progresista por la política de vivienda
El planteamiento del PSOE surgía en un contexto marcado por la expiración de cerca de 630.000 contratos de alquiler en 2026, una situación que los sindicatos de inquilinos califican de “desahucios invisibles”. El objetivo era ofrecer garantías a pequeños propietarios sin renunciar al discurso de protección a los colectivos vulnerables.
No obstante, los socios parlamentarios rechazaron la medida al considerar que suponía beneficiar fiscalmente a arrendadores en un momento de máxima sensibilidad social. La negativa dejó al Gobierno sin apoyos suficientes y forzó la retirada de la propuesta antes de someterla a una posible derrota en el Congreso.
Durante el debate del real decreto ley 16/2025, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió la subida de pensiones y anunció una dotación de 300 millones de euros en avales públicos para cubrir impagos de pequeños arrendadores. Estos avales estaban condicionados a alquilar por debajo del índice de referencia a jóvenes menores de 35 años o personas en situación de vulnerabilidad.
Blindar las pensiones y aplazar el pulso por la vivienda
El Ejecutivo optó la pasada semana por dividir el decreto que había sido rechazado con los votos de PP, Vox y Junts. Por un lado, sacó adelante la subida del 2,7% de las pensiones contributivas y del 11,35% en pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital. Por otro, dejó para una negociación posterior la moratoria antidesahucios, excluyendo a propietarios con uno o dos inmuebles en alquiler.
La estrategia buscaba garantizar la actualización de las pensiones y ganar margen político en el ámbito de la vivienda. Sin embargo, el intento de introducir beneficios fiscales a caseros terminó evidenciando la fragilidad de la mayoría parlamentaria.
Mayoría en tensión y negociación abierta
Mientras tanto, el Gobierno mantiene abiertas otras negociaciones clave para recomponer apoyos, como la ley contra la multirreincidencia, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el reconocimiento del catalán en la Unión Europea y el debate sobre competencias en migración.
La retirada de la propuesta fiscal deja una imagen clara: el PSOE intentó ocupar una posición intermedia en el debate sobre la vivienda, pero el veto de sus socios le ha obligado a replegarse. En un contexto de reordenación interna en la izquierda y creciente presión social por el acceso a la vivienda, el margen de maniobra del Ejecutivo se estrecha.