«Ahora vamos a ver cómo se reducen también condenas a los condenados por corrupción», ha asegurado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, después de que OKDIARIO haya informado en exclusiva de que el juez que investiga el caso Aquamed haya pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise las penas de los procesados por si tiene que hacer alguna modificación tras la reforma a la baja del delito de malversación.

Bendodo carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por haber rebajado las penas por malversación para contentar a sus socios. Recuerda también de los más de 130 agresores sexuales que se han beneficiado de la Ley del sólo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, y que han visto sus condenas reducidas. A esto hay que sumar los 18 excarcelados que ha provocado la nueva normativa.

«Ahora, cuando se empiecen a revisar sentencias, porque los abogados lo van a pedir con el abaratamiento de la malversación, vamos a ver cómo se reducen también condenas a los condenados por corrupción. Esto que está haciendo el Gobierno nos afecta a todos para beneficiar a unos cuantos», ha denunciado Bendodo este martes en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3.

«Seguro que los españoles llegan a la conclusión de que el presidente está enfermo de poder. Quiere mantenerse como sea en el Gobierno e intentar controlar al máximo número de órganos posibles. Debe haber más gestión, menos intervencionismo, menos ideología y más coordinación», ha defendido Elías Bendodo.

Ocho años después de que se iniciara el caso Acuamed, la trama de corrupción en la que se investigan presuntas adjudicaciones fraudulentas de contratos «inflados» para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014 bajo los gobiernos de PSOE y PP, los investigados están a punto de beneficiarse de la reforma del delito de malversación. En un auto, al que adelantó OKDIARIO, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional solicita a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito mediante el cual solicitaba penas de prisión de más de nueve años para los cabecillas de la trama. Se trata del primer caso de corrupción que se beneficiará de esta nueva reforma del Código Penal.

El instructor del caso Acuamed pide a la fiscal Anticorrupción, Inmaculada Violán, que revise el escrito por el que solicitaba «la transformación a sumario» y penas superiores de nueve años de cárcel para los investigados, de acuerdo con la Ley Orgánica 14/2022 aprobada el pasado 22 de diciembre por la que se modifica el delito de malversación. Y es que el Ministerio Público pidió al juez que pusiera fin a la investigación y transformara la causa a sumario ordinario -esto se emplea en juicios o procesos penales de hechos delictivos graves que superan los nueve años de cárcel- así como el procesamiento de los investigados.

Con la reforma de la malversación, ahora se castigará con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.