En una jornada parlamentaria en Cantabria, todos los grupos, con excepción del PSOE, han respaldado una propuesta presentada por el PP para expresar su «malestar» hacia el Gobierno de España debido a lo que perciben como un «trato discriminatorio» hacia la comunidad en relación con el servicio de Cercanías. Esta acción surge especialmente después del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que contempla la transferencia de este servicio a la administración autonómica de Cataluña.

El diputado ‘popular’ Iñigo Fernández, defensor de la proposición no de ley (PNL) en la sesión parlamentaria, ha destacado la insatisfacción de los cántabros por ser tratados como «ciudadanos de segunda también para subirse al tren». Además de la transferencia de competencias de Cercanías, Fernández ha denunciado la cesión de «financiación» para el servicio.

En su intervención, el diputado del PP ha criticado el servicio deficiente de los trenes en Cantabria, señalando problemas diarios de retrasos, averías o fallos en la catenaria. Subrayó que, a pesar de estas dificultades, no se ha implementado ninguna medida para poner en marcha las inversiones del Plan de Cercanías anunciado hace diez meses.

Críticas a la transferencia de competencias y a la financiación

Fernández también ha apuntado a lo que considera como «cinco años de engaños sistemáticos» por parte del Ejecutivo central hacia los cántabros, especialmente en asuntos ferroviarios. Cuestionó las «promesas y anuncios» relacionados con la fabricación de nuevos trenes que, según él, no se estaban produciendo ni eran adecuados para los túneles.

El diputado del PP criticó el traspaso de competencias ferroviarias a Cataluña y mencionó la transferencia de trenes de Cantabria a Cataluña en 2019, expresando su inconformidad con la aparente prioridad dada a la región catalana en detrimento de Cantabria.

La propuesta del PP fue enriquecida con una enmienda de Vox que insta al Parlamento a exigir la devolución de los trenes trasladados a Cataluña, al menos hasta que se haga entrega de los trenes comprometidos con Cantabria, proyectada para el año 2026.

Denuncia de cinco años de engaños sistemáticos por parte del Gobierno de Sánchez

Otro punto relevante de la PNL es la instación al Ejecutivo regional a expresar al Gobierno de España la «indignación social» por el abandono percibido del servicio ferroviario, marcado por «flagrantes incumplimientos de compromisos y averías constantes en los servicios». Además, la propuesta solicita desarrollar de manera «urgente» el protocolo de inversiones firmado en febrero de 2023 por representantes del Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria y el Principado de Asturias en relación con las inversiones ferroviarias en el eje ferroviario cántabro-astur.

A pesar de su desacuerdo con la forma en que se redactó la propuesta, el PRC respaldó la PNL argumentando la importancia de cumplir con el Plan de Cercanías. Javier López Estrada, diputado regionalista, atribuyó los compromisos logrados por el Gobierno central con Cantabria en materia ferroviaria al llamado ‘papeluco’, un acuerdo firmado entre el PRC y el PSOE en la investidura de 2019. Además, acusó a PP y PSOE de mantener un debate «estéril y victimista» en este asunto.

Vox, al respaldar la propuesta, destacó la pérdida de usuarios en los últimos años debido a los retrasos diarios, anulaciones y averías. Criticaron al PSOE por respaldar inversiones que consideran perjudiciales para España.

Desde el PSOE, se resaltó la inversión en Cercanías y transporte ferroviario, subrayando la adquisición de trenes nuevos. Eugenia Gómez de Diego, representante del PSOE, señaló que el traspaso de las Cercanías a Cataluña inició en 2019, excluyendo tramos de la red ferroviaria considerados de interés general. Afirmó que hay «unanimidad» en el Parlamento cántabro para ser «exigentes» con el Ejecutivo central, sugiriendo que la PNL del PP pretendía «hacer oposición» al Gobierno del PSOE.

Vox exige la  devolución de los trenes trasladados a Cataluña

Un escándalo a nivel nacional. La crisis que afecta al proyecto de adquisición de trenes para Cantabria tuvo sus raíces en enero de 2019, cuando Renfe lanzó el pliego para la compra de los trenes, basándose en los gálibos establecidos en la declaración sobre la red de Adif. No obstante, la carencia de medidas concretas sobre el gálibo y la ausencia de definición de un gálibo histórico para el ancho métrico crearon una situación problemática desde el inicio.

En julio de 2019, se firmó un acuerdo de financiamiento crucial con el Banco Europeo de Inversiones por un monto considerable de 150 millones de euros. Las esperanzas de un avance fluido se materializaron en junio de 2020, cuando la empresa CAF fue adjudicada para la fabricación de los trenes. Un hito significativo se alcanzó en diciembre de 2020, con la formalización de un contrato por 258 millones de euros, que no solo abarcaba la construcción de la flota, sino también el mantenimiento parcial de la misma por un período de 15 años.

Sin embargo, los problemas empezaron a emerger en enero de 2021, cuando CAF comunicó a Renfe la posibilidad de que la infraestructura no cumpliera con los gálibos especificados en el pliego. La confirmación de que las medidas de referencia eran erróneas por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en marzo de 2021 inició un proceso para encontrar una solución a esta situación adversa. Después de diversas reuniones y comunicaciones, se optó por el «método comparativo» como solución en septiembre de 2021. Sin embargo, la falta de regulación específica en España generó aún más complicaciones en la resolución del conflicto. El 3 de febrero de 2023, el Gobierno finalmente reconoció la magnitud del problema, estimando un retraso de hasta tres años en la fabricación de los trenes.

El Gobierno reconoció el error en los trenes por un error en el diseño de los vagones

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció el 4 de febrero de 2023 ceses inminentes en Renfe y Adif, además de la realización de una auditoría exhaustiva en ambas empresas. Para el 6 de febrero, ya se habían llevado a cabo ceses en altos cargos de ambas entidades, marcando un cambio en la dirección para abordar la crisis.

El 8 de febrero, la ministra Raquel Sánchez aclaró la naturaleza del préstamo otorgado por el Banco Europeo de Inversiones, y se llegó a un acuerdo con el banco para no renegociar el proyecto de financiación. Este paso busca estabilizar la situación financiera del proyecto, aunque la incertidumbre persiste en cuanto al impacto a largo plazo en la infraestructura ferroviaria española.

Puente deberá responder por el diseño de los trenes tras la salida fulminante de Sánchez

La exministra de Transportes, Raquel Sánchez, fulminada por el presidente Sánchez en su reciente reestructuración gubernamental, ha dejado un legado problemático para su sucesor, Óscar Puente. El foco de la controversia reside en la adquisición de 31 trenes de Cercanías y media distancia, destinados a Asturias y Cantabria, a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Este acuerdo, concretado en 2019, ha resultado ser un enigma envuelto en errores de diseño y una falta significativa de transparencia. El diseño defectuoso de los trenes, cuyas dimensiones no se ajustan adecuadamente a las vías de Asturias y Cantabria, ha generado críticas y cuestionamientos sobre la gestión y supervisión de procesos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A pesar de la magnitud del problema, el fallo en el diseño de los convoyes permaneció oculto durante un tiempo considerable, planteando dudas sobre la eficacia de los controles internos y los mecanismos de rendición de cuentas.

La crisis desencadenada por esta situación llevó a una investigación llevada a cabo por el medio El Debate, que solicitó al Ministerio de Transportes la entrega de documentación relacionada con el conocimiento y la gestión de estos errores. La respuesta inicial de la entidad gubernamental fue esquivar la responsabilidad, argumentando que el contrato fue suscrito por Renfe, una entidad con personalidad jurídica propia, y la empresa proveedora CAF. 

Información oculta.  No obstante, la presión mediática y la intervención del Consejo de Transparencia han forzado al Ministerio a revelar la información previamente oculta. El Consejo de Transparencia, mediante la resolución ejecutiva 969/2023, ha dictaminado que el Ministerio de Transportes debe entregar toda la documentación relacionada con el escándalo de los trenes en un plazo de diez días. Esta resolución invalida la postura inicial de la exministra Raquel Sánchez y ordena la transparencia en torno a los controles realizados, las advertencias emitidas y la cronología de los acontecimientos. En medio de esta controversia, el papel de Renfe y su relación con el Ministerio de Transportes ha sido objeto de escrutinio. Renfe, alegando que el contrato fue suscrito por una entidad empresarial independiente, ha intentado evitar dar detalles sobre cuándo tuvo conocimiento de los errores y qué acciones tomó para abordar la situación. La empresa estatal argumenta que divulgar dicha información afectaría sus intereses económicos y comerciales, al considerarse información privilegiada y sensible. ADIF, la entidad pública empresarial responsable de la gestión de infraestructuras ferroviarias, también ha participado en el esclarecimiento de responsabilidades. En una respuesta fechada el 12 de abril, ADIF se desvinculó del problema al señalar a Renfe como la «entidad adjudicadora» del contrato y destacar que la legislación sobre las dimensiones de los trenes es competencia exclusiva del Ministerio de Transportes. La exministra Raquel Sánchez, en su intento por eludir responsabilidades, afirmó que el Ministerio no tenía conocimiento del problema y que no le habían llegado informes al respecto. Sin embargo, documentos oficiales revelan que en el Ministerio sí existían informes y documentación relacionada con la crisis.