PSOE y PRC rechazaron ayer mostrar su «preocupación» por el problema de la ocupación ilegal de viviendas, señalando que afecta a pocas personas y en la misma línea de las declaraciones la semana pasad de la ministra  Irene Montero, que aseguró que «el problema de la okupación es un problema inventado, es agenda de la derecha».

Así, se rechazó en el Pleno del Parlamento de Cantabria una moción  del PP, ampliada por una enmienda de Vox, en la que se instaba a la Cámara a expresar su «preocupación» por el problema de la ocupación ilegal de viviendas y se planteaban algunas «soluciones» contra este fenómeno.

Entre otros puntos, se pedía al Gobierno PRC-PSOE a instar al Ejecutivo central a promover los cambios en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas a los ‘okupas’ y acelerar los desalojos para que sean en un máximo de 24 horas. Además, se reclamaba al Ejecutivo regional a llevar a cabo algunas medidas en el ámbito de sus competencias.

La propuesta no ha salido adelante pese a que todas las fuerzas políticas han reconocido que la ocupación ilegal de viviendas es un problema, si bien no todos consideran que tiene la misma gravedad. Así, el PP ha asegurado que constituye un problema «bastante serio» y supone un «drama» para los afectados, no solo para aquellos propietarios que ven ocupadas sus casas sino para las comunidades de vecinos, «rompiendo la convivencia» y en una línea similar se han pronunciado Cs y el PRC, que afirma que está «en alza». Más allá, ha ido Vox, que cree que en España se pone una «alfombra roja a los okupas».

Todos estos partidos han incidido en que hay varios municipios de Cantabria en que hay casos de ocupación, como Torrelavega, Meruelo, Hazas de Cesto, Argoños o Astillero, entre otros.

Sin embargo, la diputada del PSOE Yolanda Algorri ha reconocido que el problema «existe», pero no así «la alarma social» que, a su juicio, se pretende generar por parte de algunos partidos. Según la diputada, solo se ven afectadas por la ocupación ilegal el 0,016% de las viviendas de la región.

Pese a que la mayoría de grupos está de acuerdo en que hay que combatir el problema de la ocupación ilegal de viviendas y llevar a cabo cambios legislativos, no ha salido adelante al no haber acuerdo sobre la iniciativa que se ha votado.

Y es que a la propuesta original del PP se han presentado tres enmiendas, dos de modificación (una del PSOE y otra del PRC con textos alternativos) y una de adición de Vox.

En esta última, se proponía añadir dos nuevos puntos en las que se insta al Gobierno regional a «en la medida que lo permitan sus competencias, se persona en causas judiciales cuando tenga conocimiento de un caso de okupación y también a promover con los ayuntamiento medidas para eliminar el IBI a las víctimas de la ocupación durante todo el periodo que dure la usurpación de las viviendas.

El PRC ha avisado de que si se aceptaba la enmienda de Vox, como ha ocurrido, votaría en contra ya que, a su juicio, planteaba medidas «no asumibles jurídicamente» como la del IBI. Así, la iniciativa ha contado con el voto en contra de regionalistas y socialistas.