OX cuestionará este lunes en el Parlamento al Consejero de Turismo, Francisco Javier López Marcano, por las licitaciones de los planes de marketing para los vuelos nacionales e internacionales del aeropuerto Seve Ballesteros – Santander.

El portavoz de VOX, Cristóbal Palacio, realizará varias preguntas al Consejero entre las que se encuentra las razones del Ejecutivo para la elección de los destinos licitados, la falta de conexión con los “hubs europeos”, las características de los aviones que operarán dichas líneas y el coste de los contratos.

Palacio considera que, entre los destinos licitados, “faltan conexiones con los principales aeropuertos europeos” como los de Ámsterdam, Frankfurt, Londres (Heathrow) y París (Charles de Gaulle) o se incluyen aeropuertos periféricos, por ejemplo, en París, “sin puntuar más que al aeródromo principal que goza de mejores conexiones con el resto del mundo”.

Asimismo, VOX quiere saber si se ha tenido en cuenta la oferta de “aeropuertos cercanos” al de Santander como el de Bilbao o el de Asturias antes de la licitación y la elección de destinos, ya que pueden restar “competitividad” al aeródromo cántabro.

Otro de los aspectos que más “preocupa” al portavoz de VOX es el “coste” de las licitaciones que se han realizado desde la sociedad pública CANTUR. Las rutas naciones “que ya han sido adjudicadas” tendrán un coste anual de 5,2 millones y las internacionales, por las cuales se pueden realizar ofertas hasta el 25 de este mes, tendrán un coste superior a los 6,2 millones. “El coste total anual será de 11,5 millones de euros cuando el coste actual es de la mitad”, denuncia Palacio.

“Si esperan, con esta oferta de vuelos, obtener un número de viajeros en el Aeropuerto Seve Ballesteros similar al de antes de la pandemia, deben explicar por qué el coste es el doble”, declara el Diputado.

Palacio, que aplaude que hayan atendido las reivindicaciones de VOX para que este tipo de concursos “sean públicos y transparentes”, espera que haga lo mismo con los contratos anteriores en los que el Gobierno “alega cláusulas de confidencialidad” para no divulgarlos en el portal de transparencia.