Exhumaciones sin control: memoria histórica o activismo ideológico encubierto
El proceso de exhumación de tres combatientes republicanos en el cementerio de Mirones (Miera) ha derivado en un enfrentamiento institucional entre el Gobierno de Cantabria y la Asociación Héroes de la República y la Libertad. El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad (PP), ha acusado al PSOE y a la entidad memorialista de haber iniciado las excavaciones sin la preceptiva autorización arqueológica ni haber cumplido con los trámites de información pública exigidos por la normativa vigente.
Qué ha ocurrido
La exhumación fue promovida por la Asociación Héroes de la República y ejecutada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi con una subvención estatal de más de 13.000 euros. Los trabajos buscan recuperar los restos de Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, fusilados en 1937 y enterrados extramuros del camposanto. Según la versión del consejero, la actuación se produjo sin contar con los permisos obligatorios conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y la Ley estatal de Memoria Democrática.
Inacción administrativa y silencio institucional
En un comunicado remitido a los medios, la Asociación memorialista ha rechazado las acusaciones y ha denunciado la "inacción deliberada" del Ejecutivo cántabro. Asegura haber solicitado formalmente la exhumación hasta en tres ocasiones entre junio y noviembre de 2025, sin recibir respuesta clara. Tras denunciar esta situación ante la Fiscalía de Memoria Democrática, la Dirección General de Cultura les requirió documentación adicional, que fue aportada, pero de la que no se ha derivado ninguna resolución formal.
Reproches cruzados en el Parlamento
En la sesión plenaria del 22 de diciembre, el consejero de Cultura advirtió de que "la excavación podría haberse paralizado" por infracciones a la normativa arqueológica y que "los responsables podrían ser sancionados". Por su parte, el portavoz socialista Mario Iglesias replicó que el Ejecutivo autonómico "no ha dado señales de vida" hasta que la Fiscalía ha intervenido, y acusó al Gobierno del PP de poner "obstáculos y promesas vacías" a las familias.
Disputa legal entre leyes de memoria y patrimonio
El punto de fricción gira en torno a qué ley debe prevalecer: la autonómica de patrimonio o la estatal de memoria democrática. La Asociación sostiene que el cementerio de Mirones no está inventariado como bien cultural y que, en consecuencia, no sería exigible permiso arqueológico. A su juicio, el consejero confunde las normativas aplicables y omite que el procedimiento está tutelado por la Fiscalía.
Impacto institucional y credibilidad política
El episodio evidencia una preocupante falta de coordinación institucional en materia de memoria histórica. Mientras el Ministerio aporta recursos y cobertura legal, el Gobierno autonómico denuncia irregularidades y demora las autorizaciones. Esta pugna política traslada al ciudadano la impresión de que las exhumaciones están supeditadas a disputas partidistas y no a criterios de justicia y legalidad.
Cierre editorial: respeto a la ley y a las víctimas
La exhumación de Mirones debió canalizarse con seguridad jurídica y sin dilaciones burocráticas. El cumplimiento de la legalidad y la cooperación entre instituciones no son opcionales: son obligaciones democráticas. La memoria histórica no puede convertirse en trinchera ideológica ni en excusa para el bloqueo administrativo. Si hay que fiscalizar la aplicación de la ley, que se haga. Pero que no se instrumentalice ni a los muertos ni a sus familias.
Gobernar no es gastar: es rendir cuentas.
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Firma: Redacción POLÍTICA | ALERTA El Diario de Cantabria