"Es penoso que una portavoz del PSOE de Ábalos, Koldo y Salazar quiera dar lecciones de feminismo"

La secretaria del Partido Popular de Cantabria, María José González Revuelta, ha respondido a las declaraciones de la portavoz socialista Ainoa Quiñones asegurando que “es penoso que una portavoz del PSOE de Ábalos, Koldo y Salazar quiera ahora dar lecciones de feminismo”. La dirigente ‘popular’ ha exigido a la representante socialista que “antes de hablar, se informe para no hacer el ridículo”.

González Revuelta ha defendido la actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Parlamento de Cantabria y ha considerado que este organismo “no merece ser objeto de burla”, al tiempo que ha subrayado que las medidas propuestas para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios “no deben ser cuestionadas por el PSOE”.

Según ha explicado, las recomendaciones trasladadas no hacen ninguna alusión al género y se limitan a aconsejar el uso de calzado cerrado, sin tacón y con suela antideslizante en zonas húmedas y en días concretos en los que puedan existir riesgos. A su juicio, interpretar estas indicaciones en clave ideológica demuestra, ha dicho, “un sesgo preocupante”.

La secretaria del PP cántabro ha enmarcado las críticas de Quiñones en lo que considera una “división interna” dentro del PSOE regional y ha apuntado que, si existiera mayor coordinación con sus representantes parlamentarios, la portavoz socialista conocería con detalle el contenido real de las medidas adoptadas.

Asimismo, González Revuelta ha cuestionado la labor de Quiñones como delegada de la Zona Franca y ha señalado que “todos los españoles” están pagando su sueldo, cifrado en más de 100.000 euros anuales, para realizar esa responsabilidad pública.

En la parte final de sus declaraciones, la dirigente ‘popular’ ha instado a la portavoz socialista a centrar su preocupación en cuestiones internas de su partido a nivel nacional.

Las declaraciones se producen en el marco de la polémica generada en torno a las recomendaciones emitidas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Parlamento autonómico y el debate político posterior sobre su interpretación.