El Juzgado de lo Social 4 de Santander ha emitido una condena contra el Gobierno de Cantabria debido al incumplimiento de las guardias mínimas de cuatro bomberos en los seis parques del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca). Esta decisión judicial se produce tras la estimación de una demanda presentada por los sindicatos, en la que se argumentaba que el Ejecutivo autonómico había infringido un acuerdo suscrito en agosto de 2018.

Según este acuerdo, la dirección del Semca, junto con los sindicatos, se comprometió a garantizar la presencia de al menos cuatro efectivos en cada uno de los seis parques de emergencia ubicados en Laredo, Valdáliga, Reinosa, Los Corrales de Buelna, Tama y Villacarriedo. Sin embargo, el tribunal constató que, a pesar de esta disposición, se han registrado numerosas ocasiones en las que las guardias se han desarrollado con un número de efectivos inferior a cuatro.

Esta situación se ha atribuido a diversas incidencias, como permisos concedidos, bajas por enfermedad u otros motivos que han llevado a un déficit de personal en los parques de bomberos. La sentencia recalca que este incumplimiento vulnera tanto la legalidad vigente como el contenido del acuerdo firmado en 2018, que establece claramente la obligación de contar con cuatro bomberos en las guardias para garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad óptimas, conforme a las diferentes normativas aplicables en materia de emergencias y protección civil.

De acuerdo con los hechos probados en la sentencia, durante el año 2022 se registraron un total de 254 días en los que el número de efectivos presentes en las guardias fue inferior a los cuatro establecidos como mínimo. Esta evidencia refuerza la posición de los sindicatos y la validez de su reclamación, que ha sido acogida favorablemente por el tribunal.

La postura de los sindicatos ha sido firme en cuanto a la defensa de los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores del Servicio de Emergencias de Cantabria. En un comunicado, expresaron su descontento ante la actitud del Semca, que ha decidido recurrir la sentencia, demostrando, según los sindicatos, «una frialdad, poca cercanía y una falta de empatía y de respeto» hacia los ciudadanos de Cantabria, quienes financian con sus impuestos un servicio de calidad y hacia los profesionales que simplemente exigen trabajar en condiciones adecuadas.

La situación no ha cambiado

A pesar de este revés judicial y de la firmeza de los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores, el Gobierno de Cantabria parece no haber corregido la situación, ya que desde el 1 de enero de 2024, ha vuelto a incumplir el acuerdo, según denuncia el sindicato. Esto evidencia una falta de compromiso por parte del Ejecutivo autonómico en el cumplimiento de sus obligaciones y en la garantía de la seguridad y bienestar de los ciudadanos de Cantabria. El conflicto entre el Gobierno de Cantabria y los sindicatos refleja tensiones persistentes en el ámbito laboral y la gestión de servicios esenciales, poniendo de manifiesto la importancia de mantener un diálogo constante y constructivo entre las partes involucradas para alcanzar soluciones que garanticen la eficiencia y la seguridad en la prestación de servicios esenciales como el de los bomberos.

La sentencia del Juzgado de lo Social 4 de Santander representa un llamado de atención al Gobierno de Cantabria, recordándole su responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos suscritos y en la protección de los derechos laborales de los trabajadores del Servicio de Emergencias de Cantabria. La decisión judicial confirma la validez de la reclamación de los sindicatos y subraya la necesidad de adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad y eficacia de los servicios de emergencia en la comunidad autónoma.

A pesar de la decisión del tribunal, el Gobierno de Cantabria ha optado por recurrir la sentencia, lo que prolongará el conflicto y dificultará la búsqueda de una solución consensuada que satisfaga a ambas partes. En este contexto, la ciudadanía de Cantabria sigue pendiente de una resolución definitiva que asegure la calidad y eficiencia del servicio de bomberos en la región.