La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha advertido que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez «no garantiza la equidad» y deja a Cantabria «en clara desventaja» frente a territorios beneficiados por acuerdos bilaterales y cesiones al independentismo. Buruaga ha reiterado que su Gobierno «plantará cara en todos los frentes» para impedir un reparto que compromete el futuro de los servicios públicos esenciales en la comunidad.

Qué plantea el nuevo sistema

El Ministerio de Hacienda ha presentado una reforma que, según el análisis de expertos y organismos como Fedea o Gestha, genera grandes desequilibrios: mientras comunidades como Cataluña, Baleares o Madrid mejoran su posición, otras como Cantabria, Castilla y León o Asturias retroceden en financiación efectiva.

En el caso cántabro, la pérdida estimada supera los 46 millones de euros, lo que dificultará la continuidad de servicios clave en sanidad, educación o atención a la dependencia. Buruaga ha subrayado que el nuevo modelo «responde a pactos políticos» y «no a criterios objetivos de coste y necesidad».

El posicionamiento del Gobierno de Cantabria

Buruaga ha insistido en que Cantabria no puede aceptar un modelo que «rompe la unidad de criterio» y responde a «chantajes» de socios parlamentarios como ERC o Junts. «No vamos a ser cómplices del precio que Pedro Sánchez paga por mantenerse en el poder», declaró. Además, ha reprochado al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), que «una vez más elige obedecer a Madrid antes que defender a Cantabria».

«Esto no es una batalla ideológica —ha señalado Buruaga—. Es una cuestión de justicia territorial, de igualdad de oportunidades y de sostenibilidad del Estado del bienestar».

Impacto directo sobre los cántabros

Según la presidenta, la pérdida de recursos hará «imposible» mantener en la próxima década los actuales estándares en servicios públicos esenciales. En sanidad, por ejemplo, la comunidad ya afronta una situación crítica por la falta de pediatras y el envejecimiento poblacional, mientras que en dependencia Cantabria registra el mayor repunte del «limbo» estatal.

«¿Cómo vamos a sostener más con menos? ¿Qué parte de nuestros servicios quiere el PSOE que cerremos primero?», ha preguntado de forma retórica Buruaga, advirtiendo que «Cantabria no será moneda de cambio ni rehenes de acuerdos oscuros».

Comparativa con otras regiones

Datos recientes apuntan a que comunidades como Cataluña recibirán 4.700 millones adicionales, mientras otras como Aragón o Castilla y León retroceden más de 10 puntos en financiación efectiva. Según COPE Cantabria, el nuevo sistema «recompensa el privilegio» e ignora los esfuerzos fiscales previos de las autonomías más responsables.

En declaraciones previas, Buruaga ya había advertido que la «deuda no desaparece, solo cambia de bolsillo», en alusión a la condonación selectiva negociada con ERC.

Frente común institucional y social

El Ejecutivo cántabro aspira a mantener un «frente común» con el resto de fuerzas políticas, aunque lamenta la postura de Casares, «que ya ha elegido bando». Además, buscará apoyos sociales para movilizar a sectores clave como el sanitario y el educativo, que podrían verse directamente afectados.

La presidenta ha señalado que no descarta acudir al Tribunal Constitucional si el modelo se aprueba sin garantizar el principio de equidad interterritorial, y ha pedido a las fuerzas de la oposición «altura institucional» para defender juntos «el único interés que debe importarnos: el de Cantabria».

La comunidad no aceptará ser menos que nadie

En un contexto de crispación política, Buruaga apela a la responsabilidad institucional: «Cantabria no puede pagar los privilegios de otros. Ni el mérito, ni el esfuerzo, ni la cohesión nacional pueden seguir siendo moneda de cambio». Su Gobierno ha dejado claro que «la comunidad no aceptará ser menos que nadie por razones partidistas».

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Centro de menores en Cartes

La reciente adquisición por parte del Gobierno de Cantabria de un edificio en el Camino Real de Cartes para acoger, en un primer momento, a menores extranjeros no acompañados ha generado una controversia política y social que ilustra el difícil equilibrio entre competencias autonómicas, obligación legal y gestión local. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que se trata de una decisión condicionada por la política migratoria del Gobierno central, no de una iniciativa propia.

«No hay opción: estamos obligados por ley»

La jefa del Ejecutivo regional ha señalado que Cantabria está obligada por ley a aceptar los traslados de menores no acompañados derivados de los repartos impuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Esto responde a una imposición de Sánchez, no a una decisión del Gobierno de Buruaga», declaró.

Asimismo, Buruaga recordó que el Ejecutivo cántabro está recurriendo ante el Tribunal Constitucional todas las leyes y decretos que, en su opinión, suponen una invasión de competencias autonómicas sin garantías ni financiación suficiente.

Críticas de la alcaldesa de Cartes

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), acusó al Ejecutivo de tomar una decisión unilateral, sin consultar con el Ayuntamiento, lo que a su juicio refleja una falta de transparencia. Buruaga ha rechazado esas declaraciones por «irresponsables y alarmistas», y ha insistido en que se está actuando con discreción, respeto y humanidad, sin señalar en qué municipios están siendo ubicados los menores por seguridad y dignidad.

Actualmente, Cantabria tiene 33 menores extranjeros no acompañados que han llegado por sus propios medios e integrados en la red de protección social, además de otros 16 menores trasladados por el Estado, según el Ejecutivo regional.

Modelo cántabro: integración, no aislamiento

Buruaga ha defendido que en Cantabria no existen «macrocentros» ni instalaciones masificadas, sino pequeños grupos de entre 20 y 24 menores atendidos por equipos profesionales especializados. Ha insistido en que la región ha apostado por un modelo de integración planificada, donde los menores cuentan con servicios sanitarios y educativos adaptados a su situación.

Regularización migratoria: el debate nacional llega a Cantabria

La instalación del centro coincide con la anunciada regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular por parte del Gobierno de España, una medida que ha encendido el debate político. La normativa se tramitará por vía reglamentaria, sin pasar por el Congreso. Se estima que podría afectar a hasta medio millón de personas.

Buruaga ha criticado la medida por su «falta de garantías y transparencia» y ha advertido que Cantabria no puede ser el destino forzado de decisiones estatales que no van acompañadas de recursos suficientes ni de coordinación institucional.

Responsabilidad compartida, pero no unilateral

Cantabria no rehúye su parte en la solidaridad interterritorial, pero no puede ser víctima de decisiones centralizadas que ignoran la capacidad de acogida real. El modelo migratorio debe respetar el equilibrio institucional y ofrecer medios a quienes, como las comunidades autónomas, asumen en primera línea la atención a menores.La gestión migratoria no puede reducirse a una mera imposición administrativa: exige coordinación, respeto a las competencias y garantías para que ni los menores, ni los municipios que los acogen, sean convertidos en moneda política.