Buruaga: «Es un trágala que perjudica a Cantabria y diremos no»
La presidenta de Cantabria, María José sáenz de buruaga, rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda de condonación de deuda, calificándola de «maniobra trilera»
En la política, como en la economía, los artificios rara vez resisten el peso de la realidad. La propuesta del Gobierno de Sánchez para condonar 83.252 millones de euros en deuda autonómica, de los cuales 809 millones corresponderían a Cantabria, es un ejemplo clásico de esta dinámica. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha rechazado categóricamente la medida, calificándola de "trágala" y denunciándola como un subterfugio destinado a camuflar la realidad financiera con una pátina de alivio temporal.
Lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presenta como un acto de generosidad administrativa es, en realidad, una maniobra de redistribución forzada. La deuda no desaparece; simplemente se difumina en el conjunto de las cargas fiscales que recaerán, inevitablemente, sobre todos los ciudadanos. Es el clásico juego del prestidigitador político: hacer creer a las comunidades que han sido liberadas de un peso, cuando en realidad ese peso se redistribuye silenciosamente sobre los hombros de los contribuyentes.
El precio oculto de la condonación
Buruaga ha sido meridianamente clara: “Que no nos engañen. La deuda no se evapora”. Y tiene razón. La contabilidad pública no admite trucos de magia. La verdadera cuestión no es si Cantabria se beneficiará o no de esta condonación, sino quién asumirá finalmente el coste de la operación. El Gobierno socialista presenta la medida como un alivio financiero, pero lo que se oculta tras ella es una evidente transacción política: el respaldo de los partidos independentistas que sostienen la frágil mayoría de Sánchez en el Congreso.
En este sentido, la crítica de Buruaga no solo es económica, sino profundamente política. Si la condonación de deuda fuera una cuestión de equidad territorial, su aplicación respondería a criterios objetivos de gestión financiera. Sin embargo, el diseño de la medida deja poco margen a la duda: no se trata de eficiencia fiscal, sino de conveniencia gubernamental.
La batalla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera no será solo un foro técnico de debate presupuestario, sino una auténtica pugna ideológica sobre la responsabilidad fiscal y la justicia territorial. Mientras el Ministerio de Hacienda defiende la condonación como un mecanismo de alivio financiero, Cantabria y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular han dejado claro que no aceptarán un plan que, en última instancia, consagra la irresponsabilidad fiscal y traslada la carga de la deuda a quienes han gestionado sus cuentas con prudencia.
En última instancia, lo que está en juego no es solo una cuestión de saldos presupuestarios, sino la naturaleza misma del pacto fiscal en España. ¿Debe premiarse a las comunidades que han administrado con rigor sus recursos o, por el contrario, deben socializar las pérdidas para beneficio de quienes han hecho del despilfarro una estrategia política? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro económico del país. Lo que es seguro es que, en palabras de Buruaga, "la deuda no se evapora". Y tampoco lo hace la responsabilidad.