El Gobierno cántabro amplía su ley de víctimas: más dinero, más justicia y más memoria
El Gobierno de Cantabria ha dado un paso significativo en su política de atención y reconocimiento a las víctimas del terrorismo con la aprobación, este miércoles, del proyecto de Ley que modifica la Ley autonómica 1/2023, de 5 de abril, dedicada al homenaje, memoria y dignidad de este colectivo. La reforma será remitida al Parlamento por el procedimiento de urgencia y en lectura única, lo que permitirá acelerar su tramitación. El texto amplía los objetivos de la normativa actual y extiende la cobertura de las indemnizaciones a nuevos supuestos y beneficiarios.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, explicó que esta actualización responde a la voluntad del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga de «satisfacer el derecho a la reparación integral» y reforzar el apoyo institucional hacia quienes han sufrido la violencia terrorista y hacia sus familias. En palabras de la consejera, «Cantabria es hoy una comunidad referente en el apoyo económico, material y moral a las víctimas».
Urrutia recordó que el Ejecutivo ha cumplido «en tiempo récord» con las medidas contempladas en la Ley 1/2023, vigente desde hace poco más de dos años. Entre ellas, la creación de una Dirección General específica —Justicia y Víctimas del Terrorismo— y de un programa presupuestario exclusivo, herramientas que han permitido avanzar en el reconocimiento institucional y en la reparación del daño causado. Desde la entrada en vigor de la ley se han aprobado 35 expedientes indemnizatorios, por un importe total superior a 1,3 millones de euros, ayudas que ahora se verán ampliadas y reforzadas con las novedades introducidas.
Paralelamente, el Gobierno cántabro ha impulsado actos de homenaje, distinciones autonómicas —como la Medalla de Cantabria a las víctimas del terrorismo y la Medalla en defensa y atención al colectivo— y diversas iniciativas destinadas a preservar la memoria y dignidad de las víctimas. Ambas distinciones celebrarán su tercera edición en 2026 y han reconocido ya a once personas y entidades.
La reforma ha sido elaborada en consenso con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE). Urrutia subrayó que el texto fue «acordado y pactado» con la entidad y que también da cumplimiento a la proposición no de ley aprobada en abril por el Parlamento regional, en la que se instaba a revisar y ampliar la cobertura de la norma. Según la consejera, el proceso ha garantizado «las mayores oportunidades de participación ciudadana», con consulta previa, audiencia e información pública, en cumplimiento de los principios de transparencia y buen gobierno.
El núcleo de la reforma se centra en ampliar los beneficiarios y añadir nuevos supuestos indemnizables. Una de las principales novedades es la incorporación de los herederos de personas con derecho a indemnización que fallecieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2023. Estos herederos deberán ser cónyuges, parejas de hecho o familiares consanguíneos hasta segundo grado.
Además, la reforma incorpora como indemnizables los casos de secuestro, así como los de personas que hayan sufrido amenazas o coacciones directas y reiteradas por parte de organizaciones terroristas, siempre que esas circunstancias les obligaran a fijar su residencia en un municipio de Cantabria. Para ello, se han introducido criterios de empadronamiento que delimitan la fecha del traslado y la permanencia en el municipio hasta la entrada en vigor de la ley original.
En todos los casos, será requisito imprescindible que el Ministerio del Interior reconozca previamente la condición de víctima del terrorismo, en cumplimiento de la normativa estatal, requisito que seguirá siendo obligatorio para percibir las ayudas económicas autonómicas.
El proyecto de Ley consta de seis artículos, una disposición transitoria y una disposición final, y permitirá avanzar hacia una «cobertura global» que responda de manera más adecuada a la diversidad de situaciones que han atravesado las víctimas. Urrutia concluyó asegurando que el Ejecutivo cántabro mantiene un compromiso «firme y estable» con la memoria, dignidad y reparación del colectivo.