Así está Cantabria tras el paso del socialismo: Solo 8 cuarteles abiertos 24 horas

“Cantabria no puede permitirse ser el laboratorio del abandono institucional.” Con esta rotundidad, el Partido Popular ha lanzado este lunes una ofensiva política contra lo que consideran un desmantelamiento progresivo de la seguridad en la comunidad autónoma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia urgente del Secretario de Estado de Seguridad y de la directora de la Guardia Civil tras la supresión de seis puestos del SEPRONA en Cantabria.

Solo 8 cuarteles abiertos 24 horas

Vázquez ha denunciado que de los 42 cuarteles de la Guardia Civil existentes en Cantabria, solo 8 permanecen abiertos las 24 horas del día, y ha alertado del déficit estructural de agentes, con apenas 5 guardias civiles más que en 2018. “Los vecinos llegan a los cuarteles y encuentran carteles que limitan el horario de atención. ¿Qué clase de servicio público es ese?”, ha cuestionado.

Además, ha lamentado que Cantabria registra el mayor porcentaje de absentismo laboral entre guardias civiles de toda España, lo que dificulta aún más el servicio, especialmente en zonas rurales. “Esto está generando una inseguridad inadmisible”, ha añadido.

Criminalidad al alza y okupación descontrolada

Por su parte, el diputado cántabro Félix de las Cuevas ha arremetido contra la Delegación del Gobierno en Cantabria, a la que ha acusado de “mirar hacia otro lado” ante el aumento de la delincuencia. “Desde que gobierna Pedro Sánchez, los delitos en Cantabria han aumentado un 52%, según los propios datos del Ministerio del Interior”, ha señalado. “Hemos pasado de 4.028 delitos en 2015 a más de 6.140 en la actualidad”.

En la misma línea, la senadora Elena Castillo ha alertado del crecimiento exponencial de las okupaciones, que en Cantabria se han disparado un 183% en diez años. “La primera Ley Feijóo que aprobó el PP en el Senado fue la Ley Antiokupación. Lo hicimos porque sabemos que hay que poner fin a este fenómeno de inmediato”, ha recordado.

Castillo ha subrayado que el problema de las okupaciones es particularmente grave en una región donde más de 50.000 viviendas están vacías, muchas de ellas no se ponen en alquiler por miedo, como reconoció recientemente el consejero de Vivienda, Roberto Media.

Una amenaza al principio de igualdad

“Todo esto está provocando que se esté vulnerando un derecho constitucional: sentirse seguro vivas donde vivas. No hay igualdad entre un ciudadano de un núcleo urbano con comisaría y otro de una zona rural sin cuartel”, ha denunciado Ana Vázquez. “Pedro Sánchez baja la criminalidad cerrando cuarteles y dificultando que se puedan poner denuncias. A veces cuesta más el taxi que lleva a la víctima a comisaría que lo que le han robado”, ha ironizado con dureza.

Personal de prisiones: hacia un pacto

Ana Vázquez también ha avanzado que podría haber acuerdo con el PSOE para reconocer la condición de agentes de la autoridad a los empleados de prisiones, algo que afectaría en Cantabria a 220 funcionarios y 28 trabajadores laborales en El Dueso y el CIS de Candina.

“Es una deuda que tenemos con quienes se juegan la vida cada día frente a comportamientos violentos. Es hora de que el Estado les reconozca como lo que son: servidores públicos en primera línea”, ha subrayado.