Vecinos de Muskiz organizan patrullas vecinales ante un grupo de 'menas' que atemoriza al pueblo
En Muskiz, un municipio de la comarca del Gran Bilbao, Vizcaya, gobernado en minoría por el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), la creciente preocupación por la inseguridad ha llevado a algunos residentes a organizarse en redes sociales con la intención de formar patrullas vecinales. Según las denuncias de los habitantes y el propio alcalde, Eduardo Briones, la situación está relacionada con un grupo de jóvenes migrantes de origen marroquí, algunos de ellos menores extranjeros no acompañados (MENAs) y otros que han superado la edad de acogida en centros especializados.
La tensión en la localidad se ha intensificado debido a numerosos episodios de robos en comercios, atracos en la vía pública, okupaciones de viviendas y allanamientos, incluso en domicilios habitados. Estas acciones han generado un ambiente de inseguridad y alarma social, según lo expresado por el alcalde en una carta dirigida al juzgado decano de Barakaldo, en la que detalla el estado de preocupación generalizado en el municipio.
El alcalde Briones ha manifestado su inquietud por el riesgo de que la ciudadanía tome medidas por su cuenta si las autoridades no intervienen. En declaraciones recogidas en su comunicación al juzgado, alerta de la posibilidad de que estas patrullas ciudadanas deriven en enfrentamientos o incidentes más graves.
El municipio, con una población que sociológicamente refleja un apoyo electoral mayoritario a PSOE, PNV y EH Bildu, se encuentra dividido entre la inquietud de sus residentes y la preocupación por evitar que estas tensiones desemboquen en acciones fuera de la ley. Mientras tanto, los propietarios de bares y comercios locales temen por sus negocios, y algunos vecinos ya han comenzado a tomar medidas de precaución, como vaciar sus vehículos al aparcarlos y reforzar la seguridad de sus viviendas.
La situación más alarmante, según los residentes, fue el reciente allanamiento de una vivienda habitada por una vecina de avanzada edad, lo que ha incrementado el temor en la comunidad. Este episodio ha llevado a muchos a considerar que no pueden esperar más por una solución institucional y que es necesario protegerse ellos mismos.
El alcalde ha enfatizado la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar que este conflicto social escale. Consciente de las posibles repercusiones, ha optado por acudir a las autoridades judiciales para buscar una intervención que pacifique la situación y restablezca la confianza en el sistema de seguridad pública.
