El Ejecutivo vasco premia a uno de los jefes más sanguinarios de ETA
El Gobierno vasco ha concedido beneficios penitenciarios al sanguinario exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, en una decisión que, según fuentes jurídicas y asociaciones de víctimas, se salta la ley penitenciaria y pone en riesgo el esclarecimiento de decenas de atentados terroristas sin resolver, según publica The Objective.
La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a Txeroki disfrutar de un régimen de semilibertad, se ha llevado a cabo sin recabar la opinión del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, un requisito clave en casos de terrorismo, tal y como establece la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Beneficios penitenciarios sin colaboración con la Justicia
Txeroki, uno de los dirigentes más sanguinarios de ETA, acumula condenas superiores a los 400 años de prisión en España y Francia. Solo en territorio español fue condenado a 377 años de cárcel por 20 intentos de asesinato, además de varias penas impuestas por tribunales franceses tras su detención en 2008.
Pese a este historial, el Ejecutivo autonómico ha autorizado su salida diaria de prisión para realizar supuestas actividades de voluntariado, una medida que asociaciones como Dignidad y Justicia y Covite califican de indulto encubierto.
La decisión podría impedir que la Justicia obtenga la colaboración del exjefe etarra para esclarecer atentados clave, entre ellos asesinatos de concejales, jueces, guardias civiles, policías y civiles, así como el atentado de la T-4 de Barajas.
Delito de lesa humanidad y causas abiertas
Txeroki fue procesado en 2015 por un delito de lesa humanidad junto a otros dirigentes de ETA, en una causa que sigue abierta en la Audiencia Nacional. El procedimiento incluye asesinatos y secuestros cometidos mientras ejercía como jefe del aparato militar de la banda terrorista.
Según expertos jurídicos, la concesión de beneficios penitenciarios sin arrepentimiento público, sin petición de perdón y sin colaboración efectiva contraviene de forma directa el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que exige estos requisitos para cualquier preso condenado por terrorismo.
Las víctimas denuncian una amnistía encubierta
Las asociaciones de víctimas han reaccionado con indignación. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, y Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, denuncian que la semilibertad de Txeroki supone una amnistía encubierta, fruto de los acuerdos políticos entre el PSOE, el PNV y Bildu.
Recuerdan que ETA dejó más de 300 asesinatos sin resolver, muchos de ellos vinculados directamente al periodo en el que Txeroki dirigía la organización terrorista, y alertan de que la excarcelación de dirigentes clave sin exigir colaboración perpetúa la impunidad.
La cesión de prisiones y el cambio de política penitenciaria
El caso Txeroki se enmarca en el cambio de política penitenciaria iniciado tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, con el fin de la dispersión de presos etarras y la cesión de la competencia penitenciaria al País Vasco en 2021.
Desde entonces, más de la mitad de los presos de ETA disfrutan de regímenes flexibles o salidas diarias, una situación que las víctimas consideran una humillación y una quiebra del principio de memoria, justicia y verdad.
Un precedente que agrava la polémica
Para las asociaciones de víctimas, la decisión del Gobierno vasco no solo vulnera la ley, sino que consolida un modelo penitenciario que beneficia a los verdugos mientras deja sin respuesta a quienes aún esperan justicia.
El caso de Txeroki, responsable de ordenar asesinatos como el del concejal socialista Isaías Carrasco, vuelve a situar en el centro del debate la gestión política del terrorismo y el uso de la política penitenciaria como moneda de cambio parlamentaria.