Los abogados se concentran en Santander para pedir la "reactivación" de la Justicia

El Colegio de la Abogacía de Cantabria ha convocado una concentración este miércoles, a las 12.00 horas en Las Salesas, para pedir la finalización del conflicto de los funcionarios judiciales, reactivar "de forma inmediata" el servicio público de la Justicia, que está afectando a ciudadanos y profesionales; y reclamar "medidas urgentes" para resolver los retrasos de los procesos judiciales.

 

El Colegio de la Abogacía de Cantabria ha convocado una concentración este miércoles, a las 12.00 horas en Las Salesas, para pedir la finalización del conflicto de los funcionarios judiciales, reactivar "de forma inmediata" el servicio público de la Justicia, que está afectando a ciudadanos y profesionales; y reclamar "medidas urgentes" para resolver los retrasos de los procesos judiciales.

La movilización se llevará a cabo en todas las ciudades de España ante la "crisis" que atraviesa este servicio esencial.

El Consejo General de la Abogacía ha convocado esta concentración para "sensibilizar a la sociedad sobre la grave situación que atraviesa" este servicio, que afecta a unos 1.250 abogados ejercientes en la región, cuyo trabajo en un 95% está asociado a los tribunales.

El Colegio de la Abogacía ha recordado que la huelga de funcionarios lleva convocada desde el pasado mes de abril y "no hay visos de su finalización" porque estos "no han podido negociar realmente con el Ministerio de Justicia", que se encuentra en funciones, y la "demora" del periodo electoral va a prolongarla "prácticamente ocho meses este año".

Según ha destacado, la huelga de enero a marzo de los letrados y el conflicto de los funcionarios judiciales desde abril "están produciendo retrasos que, en algunos casos, van a llegar a más de un año de demora añadida a la que ya teníamos".

El Colegio, que reconoce el derecho de huelga de los funcionarios para reivindicar mejores condiciones laborales, ha recordado el "derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas", que, a su juicio, "debería modular" las medidas de conflicto que plantean.

De esta forma, ha reclamado a los partidos políticos que "atiendan" a la Justicia, así como un pacto de Estado que incluye diversas propuestas.

La primera de las medidas es una gobernanza "incluyente" con protagonismo de la abogacía. También reclama recursos materiales y personales, así como una racionalización organizativa de los juzgados y un expediente electrónico unitario.

Además, el sector pide que la resoluciones judiciales se cumplan y ejecuten para hacer efectivo el crédito de los abogados, y la conciliación laboral y familiar de los profesionales.

En el ámbito de la justicia gratuita, reivindica una nueva regulación que permita que los ciudadanos que carezcan de recursos estén dotados de una asistencia letrada a través de abogados "formados" y "debidamente retribuidos".

También solicita una regulación del derecho de defensa, que estaba pendiente de su aprobación y "se ha ido al traste" con la convocatoria del proceso electoral, y de mecanismos de solución de conflictos alternativos a los tribunales para paliar la carga de trabajo; y una regulación específica de los diversos procedimientos.

"Llamamos la atención sobre la extremada gravedad que presenta la justicia asociada a los conflictos que estamos sufriendo", ha insistido el Colegio cuya situación trasladará a la futura presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al responsable del departamento.

Ha señalado que en Cantabria ha habido una disminución de ingreso de asuntos del 15,5% en el primer trimestre del año, según datos del Tribunal Superior de Justicia, lo que significa que los ciudadanos "no están yendo a los tribunales a reivindicar sus conflictos" y ha advertido que estos datos "se van a agravar mucho en este trimestre y se irán agravando conforme vaya pasando el año".

Asimismo, ha indicado que la plataforma VEREDA en Cantabria ha recibido un 57% menos de notificaciones desde que estos conflictos están vigentes, a lo que se suma el "daño añadido" de que los abogados desconocen hasta llegar al juzgado si el juicio se va a celebrar o suspender.

Finalmente, ha señalado que a los abogados los retribuyen sus clientes "porque el trabajo se realice", por lo que de no ser así no cobran.