Trump pierde en los tribunales: ¿qué futuro les espera a sus aranceles?
La política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los pilares de su programa económico y electoral, ha vuelto a recibir un duro golpe en los tribunales. El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal confirmó la ilegalidad de la mayoría de los gravámenes impulsados por la Casa Blanca, avalando así una decisión previa del Tribunal de Comercio Internacional.
Pese a la contundencia del fallo, los aranceles seguirán en vigor al menos hasta el 14 de octubre, fecha límite fijada para que la Administración republicana presente un recurso ante el Tribunal Supremo, donde Trump cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas.
El corazón de la disputa legal
La sentencia cuestiona la forma en la que Trump se ha apoyado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar tarifas aduaneras masivas contra decenas de países, entre ellos China, México y Canadá.
El tribunal concluyó que esta norma, diseñada para responder a amenazas “inusuales y extraordinarias” a la seguridad nacional, no otorga al presidente la potestad de fijar aranceles, prerrogativa que la Constitución reserva al Congreso. “Interpretar la IEEPA como una autorización implícita para imponer gravámenes sería una desviación sin precedentes de la práctica legislativa”, señala el fallo de 127 páginas.
En consecuencia, los magistrados anulan los llamados “aranceles recíprocos” instaurados en abril, así como los dirigidos a varios países específicos. Quedan exentas, sin embargo, medidas como la tasa del 25 % sobre el acero, el aluminio y los automóviles, que se apoyan en otra legislación distinta: la Ley de Expansión Comercial.
Reacción de Trump y su administración
El presidente reaccionó de inmediato en su red Truth Social, calificando la decisión de “incorrecta y partidista” y advirtiendo que la eliminación de las tarifas sería “un desastre total para Estados Unidos”.
“Todos los aranceles siguen en vigor”, insistió Trump, asegurando que dará la batalla en el Supremo. Su fiscal general, Pam Bondi, respaldó esta posición: “El Departamento de Justicia continuará luchando para restaurar la autoridad legítima del presidente”.
Implicaciones económicas y políticas
La disputa judicial abre un nuevo frente en un año marcado por la incertidumbre global en materia comercial. Desde que Trump declarara el pasado 2 de abril como el “Día de la Liberación” frente a las “políticas comerciales injustas”, Washington solo ha logrado cerrar acuerdos con Reino Unido, Japón, la Unión Europea e Indonesia, además de pactos parciales con China y varios países del sudeste asiático.
Para muchos analistas, la continuidad de los aranceles hasta octubre mantiene un respiro para la estrategia de presión internacional de Trump, pero el fallo judicial amenaza con desmantelar uno de los emblemas de su política económica.
Además, plantea un dilema más amplio: el equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo en materia comercial. El Congreso, de mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, ya había acusado a Trump de sobrepasar sus competencias.
Octubre, mes decisivo
La batalla judicial entrará en su momento clave en octubre, cuando el Tribunal Supremo decida si admite el recurso. Si los jueces mantienen la línea de las instancias inferiores, la política arancelaria de Trump quedaría herida de muerte.
En paralelo, la Casa Blanca advierte de que la anulación podría desatar un impacto comparable al crack de 1929. Los magistrados, sin embargo, han dejado claro que las alarmas económicas no pueden servir de pretexto para ampliar las facultades del presidente más allá de lo previsto por la ley.